Muy de vez en cuando, nos vemos perturbados en nuestras apacibles vidas por el conocimiento de algún crimen especialmente repulsivo u horrendo sucedido en nuestras ciudades o en nuestra comunidad. Esa perturbación aumenta, y se torna en alarma e indignación, cuando quien lo comete ya había perpetrado con anterioridad un hecho de la misma naturaleza, sobre todo si es un delito sexual o un homicidio.
Las investigaciones policiales apuntan a O Chioleiro, persona en situación de exclusión social, como presunto autor del llamado crimen de la maleta, recientemente descubierto en Vigo. Se trata del homicidio (o asesinato) de una mujer, probablemente también indigente y compañera del presunto autor, cuyo cuerpo apareció en un descampado en el interior de una maleta. La persona a quien la investigación policial considera presunto autor de este delito ya había sido condenada, y repetidamente, en el pasado: hace 36 años por la violación y muerte de su abuela, y hace 20 por el asesinato de una amiga suya.
Las preguntas que muchas personas pueden formularse, con total legitimidad, son: ¿es lógico que esta persona estuviese en libertad? ¿Deben las leyes penales y las penas ser más severas?
A la primera pregunta hay que responder diciendo que esta persona fue condenada por los tribunales conforme a la legislación penal vigente en el momento de cometer sus delitos y, por lo que sabemos, cumplió sus penas íntegramente. En concreto, por el asesinato del 2004 fue condenado a 17 años de prisión, y los cumplió en su totalidad [en el 2004, la pena del asesinato era prisión de 15 a 20 años. Hoy es de 15 a 25 años o prisión permanente, según las circunstancias]. Es obvio decir que, cumplida la pena, el sistema penitenciario ha de dejar al reo en libertad (hoy estaría sometido a una medida de libertad vigilada, pero no estaba prevista en el 2004, y no cabe su aplicación retroactiva). Esa es la lógica del sistema penal, plenamente sometido a la ley. Otra cosa bien distinta podrían ser la prevención y el «control» ejercidos por el sistema de salud y de protección social. Sabemos que estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico durante años tras el primer homicidio, pero nada sabemos de su seguimiento posterior y del tratamiento que hubiese podido o debido seguir, y de su estado de salud mental. Es significativo que todas sus víctimas hayan sido personas del ámbito de sus relaciones personales.
Para la segunda pregunta, no hay una respuesta que seguramente todos podamos compartir. Algunos datos; datos, no opiniones. España es de los países de la UE que castiga con más dureza delitos como el homicidio o la violación. Los índices de reincidencia en nuestro país son, en general, bajos, y en delitos como el homicidio o incluso los delitos sexuales son muy bajos (cuando un condenado por alguno de estos delitos es excarcelado tras cumplir su pena y no vuelve a delinquir, eso no es noticia, no sale en la prensa). Y, por último, los países con penas más severas no son, en muchos casos, los que tienen índices de criminalidad menores, baste el ejemplo de Estados Unidos.
Aun así, conviene recordar que en los últimos años se ha producido un endurecimiento de las penas de algunos delitos (asesinato, homicidio agravado y violación, por ejemplo), sobre todo desde la introducción en el Código Penal en el 2015 de la posibilidad de imponer la pena de prisión permanente para los supuestos más graves. Con el Código Penal hoy vigente, es muy probable que al menos el primero de los delitos anteriores del presunto autor del crimen de la maleta hubiese sido castigado con prisión permanente, por ser el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; pero también es probable que la prisión permanente se hubiese revisado y estuviera en libertad transcurridos 36 años.
Volviendo al principio, es natural la alarma y la indignación que el conocimiento de hechos como el comentado nos producen. Entre otras cosas, denota lo esporádicos que son y que no los hemos naturalizado en nuestra sociedad (la tasa anual de homicidios en Galicia ronda el 0,2 por cien mil habitantes, incluyéndose los feminicidios por violencia de género). Pero sería más que utópico, ingenuo, pensar que solo agravando las penas, o subvirtiendo la proporcionalidad que deben mantener, se pueda evitar que muy de vez en cuando se produzcan esos atroces y despreciables crímenes.