Con las urnas todavía calientes y un escaño de Madrid en el aire por el recurso del PSOE para que se revisen los votos nulos en dicha circunscripción (si la cosa hubiera sido al revés y las dudas las hubiera sembrado el PP ya estaríamos escuchando acusaciones de «trumpismo»), la izquierda mantiene el eje principal, casi el único argumento, de su campaña del 23-J: la alianza PP-Vox. Desde que Pedro Sánchez convocase elecciones generales el 29 de mayo, al día siguiente del tremendo batacazo de su partido en las municipales, los pactos entre la «extrema derecha y la derecha extrema» fueron munición de grueso calibre contra las aspiraciones de Alberto Núñez Feijoo de relevarle en la presidencia del Gobierno; ahora, esa misma artillería se emplea para impedir que el candidato que ha ganado las elecciones pueda presentarse a la investidura.
El pecado de Feijoo es negociar o incluso permitir que su partido gobierne con Vox en diversas autonomías y ayuntamientos, y esta es una línea roja que el resto de formaciones del Congreso no perdonan, hasta el punto de que ni siquiera conceden la más elemental cortesía que debe imperar entre políticos en un sistema democrático: sentarse a hablar.
Pero, ¿a quién ha matado Vox? ¿Por qué su sola mención expande un olor a azufre que hace persignarse a sus rivales como si estuvieran en presencia del mismo diablo? Negar legitimidad al partido de Abascal es negársela a los más de 3 millones de españoles que le dieron su voto en los pasados comicios (3,65 millones en el 2019), una fuerza que, aunque ha sufrido un duro revés, todavía conserva 33 asientos en la Cámara baja. Una representación en absoluto minoritaria y que no se puede despreciar.
Ciertamente, algunas de las ideas que maneja Vox —sobre la violencia de género, la inmigración o el sistema autonómico, que propone disolver— no casan con la corrección política y el sentir social de la España del siglo XXI. Aunque quienes impartan lecciones sobre estos asuntos sean los mismos que aprobaron una ley del «solo sí es sí» que rebajó las penas a cientos de agresores sexuales (y que se negaban a enmendarla, lo que se pudo hacer finalmente —no se olvide— gracias al PP); que cuelgan pancartas de «refugees welcome» en casas consistoriales y otras sedes institucionales sin calibrar las consecuencias de esa política de puertas abiertas, o que están dispuestos a abrir el melón constitucional para permitir referendos que podrían acabar con la unidad de un país que en 1978 decidió por aplastante mayoría (91,8 %) que estaba harto de divisiones.
La demonización de Vox ha hecho que sus candidatos y seguidores sean apedreados y agredidos en algunos de sus mítines, sucesos que han pasado como simples anécdotas. Mientras, los representantes de EH Bildu —que durante años fueron el brazo político de ETA y todavía jalean a sus presos cuando vuelven al pueblo e incluso intentan colarlos en las listas electorales— o los de ERC, que promovieron una secesión ilegal y fueron condenados, son blanqueados y rehabilitados desde el propio Gobierno central, sin que en este caso sus peculiares ideas supongan ninguna línea roja. ¿O será que al «progresismo» le interesa mantener viva solo la memoria de la amenaza fascista y el guerracivilismo?