Este Gobierno ha hecho cosas realmente ignominiosas contra una sociedad inerme, sometida a un constante lavado de cerebro: coaligarse con Podemos, tras prometer solemnemente lo contrario; formar una mayoría con ERC y EH-Bildu, habiendo proclamado que jamás pactaría con los golpistas ni con los ex terroristas; indultar a los condenados del procés, tras empeñar la palabra de que no serían perdonados; derogar el delito de sedición para el retorno de los fugados (ahí está Clara Ponsatí); o rebajar las penas de malversación, en beneficio de los indultados previamente. Y todo con la finalidad de mantener en pie un Gobierno minoritario cuyos socios lo han movido como el viento a una veleta.
Pero en ese panorama faltaba algo que «nos helará la sangre», por recordar las palabras de Pilar Ruiz, madre Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA —como tantos— de cuatro tiros en la cabeza: liberar a los etarras aún encarcelados por haber cometido crímenes horrendos penados con docenas o cientos de años de prisión. Para ello era necesario un plan pactado entre el Gobierno y EH-Bildu, que se va cumpliendo con estremecedora precisión: la traca final de Frankenstein.
Cumplida la primera fase —transferir al País Vasco la gestión de instituciones penitenciarias, que, según pudo verse en la pagina web de la Moncloa (10 de mayo del 2021) comprendía la «dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco»—, la segunda se culminaba hace unos días: trasladar al País Vasco a todos los presos de ETA, lo que anteriores gobiernos (¡incluido el de Zapatero!) habían rechazado sin contemplaciones. Y no por añadir a la pena un sufrimiento adicional a los presos y a sus familiares, sino porque era obvio lo que vendría a continuación.
Y lo que iba a venir, ahí está ya: la presión de las organizaciones pro presos (Sare, Bildu) para conceder, sin excepciones, aunque de forma uniformemente acelerada, terceros grados a los etarras, para así ponerlos a todos en la calle. Controladas o presionadas las juntas penitenciarias por simpatía o temor a una vida insoportable de sus miembros, y neutralizada la función de los jueces de vigilancia penitenciaria que deciden a partir de los informes que reciben de las juntas, el resultado está a la vista: un goteo constante de concesiones de terceros grados, es decir, de puesta en libertad de los etarras.
El escándalo es tal envergadura que a finales del pasado mes de marzo la Audiencia Nacional había recurrido 26 de los 40 terceros grados concedidos hasta la fecha (el 65 %) y había anulado ya una docena. Pero, si nadie impide tal infamia, el proceso continuará, no les quepa duda, hasta que todos los pistoleros hayan quedado en libertad. Mientras, las víctimas o sus familiares se preguntan, asqueados, ¿para qué ha servido tanta resistencia y tanto sufrimiento? Es una pregunta que nos interpela a todos, pero sobre todo a quien ha hecho posible este final, también, ignominioso.