Al parecer, este otoño no será distinto al de los últimos diez años. Llegará, como es costumbre, la ley de acompañamiento de los Presupuestos de Galicia del 2023. Siguiendo la tradición, remachará sutilmente la legislación y la administración de las normas que regulan, condicionan o limitan el sector de la energía eólica.
Todo empezó en el 2009 con la anulación del concurso eólico del anterior Gobierno (PSOE-BNG), que había adjudicado más de 2.000 megavatios. Más reciente es la moratoria de 18 meses para la aprobación de los parques en tramitación y el contencioso con el Gobierno de España respecto a los parques de su competencia. Ahora se modificará la normativa que regula el aprovechamiento eólico de Galicia, y, si bien mantiene la moratoria establecida desde enero del 2022 hasta junio del 2023 para aprobación de las solicitudes de parques eólicos, introduce matices sucesivos que, si bien las decisiones dependen del Consello de la Xunta, no cercenan a priori las posibilidades de algunas solicitudes en tramitación. También se ha resuelto el contencioso con el Gobierno de España al reconocer la Xunta —más allá del plan sectorial para instalación de eólicas del Gobierno Fraga— que es competencia de Transición Ecológica la autorización de parques que superen los 50 megavatios. De estos enredos nos queda un dato que da cuenta de su magnitud: Al parecer, según la Asociación Eólica de Galicia, en cuatro años del Gobierno bipartito de Touriño se habrían instalado más megavatios que en los catorce años de Feijoo. Y el enredo sigue, incluidos los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, o las zonas autorizadas para su instalación, aquí y en Europa.
Del lado del viento del mar, la gestión de la eólica marina no se aleja del enredo. De una parte, la acumulación de proyectos previstos en Galicia indica la importancia que para las empresas eólicas tienen los mares gallegos; y de otra, las colisiones —reales o virtuales— con los intereses pesqueros existentes, a los que el Gobierno gallego dice amparar aún sin posicionarse frente a los esbozos de proyectos, que alcanzan ya más de 4.000 megavatios, distribuidos desde la costa cantábrica a los mares ártabros y las rías. Por más que a día de hoy la decisión corresponda al Gobierno de España, en tanto que todavía los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que determinaran las zonas autorizadas para su instalación, no han sido aprobados.
Enredos que se pueden complicar con las 87 vedas en los mares europeos, que según dirigentes empresariales abarca 11.000 kilómetros cuadrados más que las zonas que la Comisión quiere proteger, y que, a la espera de las decisiones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) respecto la legislación para la explotación minera en aguas no exclusivas, puede enredarse en un nuevo conflicto de intereses, más allá de la protección de ecosistemas vulnerables.