La compra por parte de un grupo francés de los hospitales que pertenecían a Ribera Salud ha agitado las aguas de la sanidad privada en Galicia y en España. En este momento, en el que existe una verdadera marejada tanto en la sanidad pública como en la privada, y en el que todos los grupos políticos en la oposición (del signo que sean) lanzan acusaciones de mala gestión y empobrecimiento del sistema público a los que gobiernan (sean también del signo que sean), no viene mal hacer algunas reflexiones basadas en datos objetivos. El INE acaba de publicar los datos de colegiación de medicina y enfermería en España, realizando una comparativa con el resto de los países de la Unión Europea. Lo primero que llama la atención es que en España hay 3,8 médicos por cada 1000 habitantes; prácticamente los mismos que en Italia y Suecia (3,9) y que en Lituania, la República Checa y Bulgaria (3,7), lo que nos coloca como el séptimo país de los 28 de la Unión y en la media de los países de la OCDE. Lideran el ranking Alemania, Portugal, Austria y, sobre todo, Grecia, que con 6,1 médicos por cada 1000 habitantes es, de largo, el país que mayor dotación tiene de Europa, y —a la vez— uno de los que «disfrutan» de una sanidad más colapsada. La pregunta obligada es ¿tener más médicos implica tener un sistema sanitario mejor, o a partir de un mínimo es, sobre todo, una cuestión de eficiencia? En España el número de médicos colegiados ha aumentado un 11,8 % en los últimos cinco años, pero eso no ha resuelto el problema de la asistencia. El déficit de médicos especialistas no es generalizado, y entre las especialidades más deficitarias podemos destacar las que han de dar soporte a la Atención Primaria (Medicina de Familia, y Pediatría, sobre todo), y además, Cirugía General, Anestesiología, Otorrinolaringología, Medicina Preventiva y Traumatología. Como las meigas, médicos, habelos, hainos, pero faltan de varias especialidades y faltan, sobre todo, condiciones de ejercicio profesional adecuadas, que permitan mantener la ilusión por la práctica de la Medicina, y también retribuciones mejores (tanto en la pública como en la privada, y tanto en salario monetario como emocional), que se aproximen a las de la mayor parte de los países europeos, para que no nos dediquemos a formar emigrantes de lujo también en Medicina, como ya ocurre en otras profesiones, como la Ingeniería o la Enfermería.
Es llamativo que en Francia, por ejemplo, «sólo» haya 3,3 médicos por cada 1000 habitantes, pero su sistema sanitario es completamente diferente al nuestro: allí existe, desde hace años, una tasa disuasoria para acudir a Urgencias, lo cual —según se mire— puede ser bueno o malo, por supuesto, pero está aceptado por todo el mundo. Si los pacientes lo desean, pueden acudir a médicos privados que tienen unos honorarios estipulados y que colaboran con el sistema público (los que allí denominan «Grupo 2»), y recibir el reembolso de parte de los gastos, según la tarifa oficial de lo que el estado calcula que habría gastado en su asistencia si lo hicieran dentro del sistema público. De esa manera, promueven la competencia, la eficiencia y la especialización de los profesionales y priman la libertad de elección de los pacientes, reduciendo las listas de espera (lo que redunda además en la mayor productividad de la población en edad laboral), aprovechando al máximo los recursos. Nada que ver con nuestro sistema público, que envía las listas de espera que alcanzan una cierta duración a centros concertados, a veces a gotas, a veces por oleadas, lo que dificulta sobremanera la gestión que se hace de los pacientes ?ya que planificar asistencia sanitaria con picos y valles marcados es muy complicado- y fomenta la división entre “pública” y “privada”. La eficiencia del sistema francés y de los países de la esfera germánica o del norte de Europa es muy alta, están poco funcionarizados, y se basan en reducir al máximo las tareas administrativas que los médicos deben desempeñar, que no aportan ningún valor añadido al acto médico, y que son realizadas por personal auxiliar. Hay pocas cosas más caras para el sistema sanitario que formar a un médico durante 10 u 11 años y después hacer que dedique una parte importante de su tiempo a tareas rutinarias, puramente administrativas y que no tenga tiempo real para atender a sus pacientes. Además, es una vía para que los profesionales se quemen y la Medicina sea más cara, puesto que se reduce el tiempo efectivo de exploración e interacción con los pacientes (que, no lo olvidemos, es una de las mayores quejas tanto de los pacientes como de los propios médicos) y se promueve la multiplicación de pruebas complementarias, cada una con su correspondiente tiempo de espera, y muchas veces innecesarias. En Alemania, Bélgica, Austria o Francia, por ejemplo, los médicos reciben un pago por servicio prestado o por rendimiento, mientras que en el Reino Unido (donde, por cierto, tienen un déficit de médicos cada vez mayor), el pago se hace, como en España, por un salario fijo y los médicos se quejan de la gran burocratización que ha invadido al sistema. En prácticamente todos esos países, la diferencia con España no la encontramos en el número de médicos, si no en su reparto: hay un sistema de Atención Primaria muy desarrollado, y no ha sido necesario hipertrofiar las plantillas hospitalarias, si no que se ha promovido la máxima eficiencia de todos los centros —públicos y privados— y la libertad de elección de los pacientes, que pueden acudir a aquellos médicos que les ofrecen más confianza o que tienen mejores resultados en el tratamiento de ciertas patologías. Y todo eso, con el mismo coste para el Estado, que ha de cubrir la asistencia tanto en un entorno como en otro, pero con la misma tarifa que ha calculado para sus servicios. Los seguros de salud cubren los costes no contemplados por el Estado (esa diferencia entre lo que cobran los médicos o los centros hospitalarios y lo que paga el Estado), pero no dan lugar a una Sanidad paralela. Si hablamos de enfermería, la situación es radicalmente diferente, ya que el ratio español de 5,2 por cada 1000 habitantes es el quinto por la cola, y se ve duplicado por los países que figuran en los primeros 5 lugares. Paradójicamente, aquí Grecia es la última del ranking, con tan solo 3,3 por cada 1000 habitantes. ¿Va a ser ese el camino que queremos seguir? Para hacérselo mirar, vamos.
El multiplicar el número de egresados de las facultades no va a resolver el problema que tenemos encima, porque el periodo de formación de los médicos es muy largo: seis años de carrera, uno para preparar el examen del MIR y otros cuatro o cinco de especialidad, según la que sea. Para cuando acaben los que ahora empiezan su formación se habrá jubilado (sigo con los datos del INE) aproximadamente el 23,1 % de los que ahora estamos en activo. Cuando esas plazas se cubran, si de las facultades continúan saliendo médicos en la misma proporción, al cabo de pocos años volveremos a tener una bolsa de médicos en paro, frustrados, que no habrán podido acceder a una plaza de MIR, pero que habrán costado una fortuna en su periodo de formación. Una vez más, un disparate causado por falta de planificación y de toma de decisiones políticas de calado a largo plazo. Por otra parte, no debemos olvidar que las plazas de formación MIR no se crean a gusto de los responsables políticos: existen unos criterios estrictos que determinan qué centros y cuántos residentes se pueden formar por año para no comprometer ni la calidad de la formación ni la de la asistencia a los pacientes; además, los residentes —aunque desde luego, realizan una labor asistencial fundamental— están en sus centros para completar su formación, no para tapar los agujeros que se vayan produciendo, porque deben actuar siempre bajo supervisión. Y por si esto fuera poco, nadie puede obligar a un residente que finaliza su periodo formativo y alcanza el grado de Especialista a quedarse en el lugar, la Comunidad Autónoma —o incluso el país— donde se formó. De hecho, por ejemplo, el año pasado 2.504 médicos solicitaron a la Organización Médica Colegial (OMC) el certificado de idoneidad para salir a ejercer fuera de España (más que los 2.189 del año 2020 y que los 2.500 del año 2019), aunque se supone que el número de los que emigran es bastante inferior, aunque tampoco eso se sabe con certeza.