Impuestos o peajes
OPINIÓN
Basta con circular por nuestras carreteras para constatar el déficit de mantenimiento que acumula el patrimonio viario español y gallego. Ya en julio del 2020, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en su estudio de las infraestructuras, alertaba de que la fuerte caída de las inversiones, especialmente desde el 2010, había provocado un deterioro de nuestras infraestructuras. La Asociación Española de la Carretera, el pasado mes de julio, cifraba en 9.918 millones de euros el déficit que acumulaba el mantenimiento de la red viaria española: 3.261 millones corresponden a los 26.400 kilómetros de titularidad del Estado y 6.657 millones para los 75.300 de las redes autonómicas y forales.
El deterioro de nuestro patrimonio viario como consecuencia de la dotación insuficiente de las partidas destinadas a la conservación ordinaria no solo afecta al confort, sino que repercute directamente en la seguridad, generando asimismo un incremento en los costes de las actuaciones de conservación extraordinaria y de reparación. En casos extremos se pueden llegar a ocasionar incidencias que obligan a prohibir la circulación de determinados vehículos, en función de su tonelaje, o incluso al cierre de la infraestructura. Baste recordar el reciente colapso de varios vanos del viaducto de la A-6 en Pedrafita.
Nadie cuestiona que es necesario actuar a través de dotaciones presupuestarias suficientes y también constantes a lo largo del tiempo. El debate se centra en la forma de obtener recursos presupuestarios para alcanzar el objetivo. Se trata de elegir entre obtener recursos a través de los impuestos que pagamos todos, o aplicar un peaje que permita repercutir los costes sobre los usuarios de la vía.
El escenario de partida en España, en lo referente a los itinerarios de interés general, se puede calificar como caótico: tenemos autopistas de peaje, autovías de peaje en sombra, autovías de uso libre, autopistas que agotaron su período concesional en las que actualmente no se aplica ningún tipo de peaje, entre otras. Este escenario se verá agravado por la reciente decisión de las Diputaciones Forales Vascas, de la que se hizo eco este periódico el pasado día 15, de aplicar peajes en diversos tramos de autopistas, autovías y carreteras convencionales situadas en su territorio.
Una asimetría a nivel nacional que exige de una actuación que remate con los desequilibrios y discriminaciones que actualmente perjudican a unos territorios frente a otros. Para los que opinamos que es más justo, equitativo y eficaz la aplicación de peajes en función del uso que se haga de la infraestructura, resulta imprescindible y urgente el diseño de un sistema nacional homogéneo, equilibrado y progresivo que permita repercutir en cada uno de los vehículos el uso del vial, aprovechando las oportunidades que la digitalización nos brinda en la identificación de los usuarios. Al objeto de evitar una doble imposición, en el referido diseño se deberá tener en cuenta que en España ya se aplica una importante carga fiscal al consumo de los carburantes.
Con la implantación de este procedimiento de internalización de los costes de la movilidad por carretera, como ya ocurre en el resto de modos de transporte, se conseguiría, además de un sistema impositivo más justo, una derivación del transporte de mercancías pesadas por carretera, que tanto contribuye al deterioro del que hablamos, hacia el ferrocarril, mucho más eficaz y sostenible.
En resumen, se trata de elegir entre impuestos o peajes, superando el actual escenario de impuestos y peajes con el agravante de la discriminación territorial.