A veces es conveniente pararse un momento, volver la vista atrás y reflexionar. Por ejemplo, recordar lo que se hizo en la Transición. A los franquistas de un régimen que ejecutó a 50.000 personas, encerró a 300.000 en cárceles y a 93.000 en campos de concentración (sí, los hubo, aunque durante décadas se ocultó), se les permitió integrarse sin problemas en la democracia. Algunos siguieron defendiendo a Franco (en partidos legales como Fuerza Nueva o AP) y la gran mayoría nunca condenó las violaciones de los derechos humanos de un sistema basado en la represión. Pero la Transición dejó asignaturas pendientes. A día de hoy, casi 47 años después de la muerte del dictador, aún permanecen en fosas comunes más de 100.000 españoles que defendieron la legalidad frente a los golpistas del 18 de julio. Esto es, sin duda, una vergüenza para este país que trata de corregir la nueva Ley de Memoria Democrática, que otorga al Estado un papel activo en la búsqueda de los desaparecidos, condena el franquismo, busca la reparación de las víctimas y elogia la Transición. ¿Algún demócrata se puede oponer a estos puntos? Es de justicia. Leer su texto resulta imprescindible para saber lo que de verdad dice y no lo que dicen que dice, en un tiempo en el que se opina de oídas, como Felipe González. Atención a lo que ha dicho Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA: «Las víctimas del franquismo están peor que nosotras». Al tiempo que califica de «inmoral, indecente e ilegítimo» que el Gobierno haya pactado con Bildu (un aspecto concreto de la ley), denuncia la utilización de «unas víctimas (las de ETA) para negar los derechos de otras (las del franquismo)» por el PP. Para eso, dice, que no cuenten con ella.