Anda la inflación desbocada. Acabó el año en el 6,5 %. Desde mayo de 1992 que no se veía tal cosa. Y, mientras, los salarios, al ralentí, cuando no congelados o por debajo de donde estaban en los buenos tiempos. Han subido una media del 1,41 %, menos de la mitad que la inflación promedio. Una pérdida de poder adquisitivo esta que corroe los bolsillos y que está laminando la clase media española, cada vez más baja.
Cierto es que buena parte del incremento de costes que han traído aparejado el dislate de los precios eléctricos y los cuellos de botella en la cadena de suministro no se han trasladado por completo al consumidor y que muchos empresarios lo han pagado con sus márgenes. Por eso no parece prudente, ni lo más acertado, una actualización automática de los salarios a la inflación. Pero tampoco pueden las cosas quedarse como están. Lo primero golpearía a un ya más que vapuleado tejido empresarial tras dos años de interminable pandemia, y acabar alimentando también la espiral inflacionista. Lo segundo hundiría aún más las finanzas de los hogares que más están sufriendo la precariedad y roería el consumo. Y sin consumo, ya se sabe, no hay sistema.
En ese alambre habrán de hacer equilibrios quienes han de negociar la nueva subida del salario mínimo y quienes se sienten a la mesa para alcanzar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que debería incluir los incrementos de sueldo por convenio para este año y los próximos. No lo tienen fácil.