Castellano en Cataluña: ni 25% ni nada

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

08 dic 2021 . Actualizado a las 09:42 h.

Durante décadas, la ceremonia se ha repetido cada 6 de diciembre: los grandes partidos celebraban el día de la Constitución; los nacionalistas despreciaban con su ausencia de los actos oficiales la norma que les ha permitido gobernar o cogobernar en el País Vasco y Cataluña desde 1980 y hacer allí mangas y capirotes; y todos cotorreaban sobre los cambios que habría que introducir o no en la ley fundamental en la clara conciencia de que ni en el momento ni en un horizonte previsible habría reforma. Pero desde el 2019, con la llegada de Podemos al poder las cosas han cambiado: el PSOE celebra la Constitución desde un Gobierno que comparte o se sostiene en los más declarados enemigos de la ley fundamental: Podemos, ERC y EH Bildu.

Y así, Sánchez pide que la Constitución se cumpla de pe a pa al tiempo que no mueve un dedo para lograr ese objetivo. Hace solo unos días el Tribunal Supremo, confirmando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estableció que al menos el 25 % de las clases no universitarias deben darse allí en castellano, cooficial en Cataluña. Ello sentó las bases legales para acabar con uno de los más graves incumplimientos de la Constitución, que dispone que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivos territorios, régimen de cooficialidad que barrieron literalmente los nacionalistas y, cuando gobiernan con ellos, los socialistas, mediante las llamadas políticas de inmersión lingüística.

Como resultaba previsible (pues en la España de Sánchez es ya previsible lo que en el resto del mundo democrático sería insólito) la Generalitat ha proclamado que incumplirán de plano la sentencia, y lo ha hecho con esa chulería del matón que sabe que sus amenazas condicionarán de inmediato la acción de los amenazados. Y así ha sido: nada se sabe de lo hecho por el Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado que de él depende para lo que le conviene pero que debe ser independiente para lo que no, para iniciar acciones penales contra quienes han asegurado que desobedecerán una sentencia judicial, principio del fin no solo del estado de derecho sino de cualquier sociedad civilizada.