Por más que los debates políticos y las sesiones de control del Gobierno se enreden con judeo-masones, separatistas, terroristas o cualquier otro mantra de aquella dictadura, las políticas públicas son para preocupar, también a los parlamentos.
Recuperadas con la pandemia algunas políticas del estado del bienestar, dos recientes análisis, del Banco de España y de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), ponen de manifiesto que, de los 27.000 millones de euros presupuestados en el 2021, solo 5.700 están incluidos en convocatorias cerradas o aprobadas este año. A esos análisis se suman los problemas en la gestión de las ayudas frente a la crisis derivada del covid-19, caso del Ingreso Mínimo Vital o los propios ERTE. Por no hablar de las ayudas a los autónomos de hostelería que han quedado en gran parte sin utilizar.
Por último, el diagnóstico realizado por el director general de Política Regional de la UE, que denunció en el Parlamento Europeo los retrasos que acumula España en materia de fondos de cohesión: «Esto se debe a la incapacidad para poder gestionar al mismo tiempo las ayudas del Next Generation EU y los fondos estructurales (Feder y Fondo Social)». Nada que no se supiera, por más que pocas veces estas carencias de gestión y de gobierno de nuestras administraciones se logren debatir en nuestros parlamentos. Y sin que nadie recuerde aquella efímera Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, de la que se desconoce hasta su supresión por el último Gobierno popular.
Hace un año ya que el presidente del Gobierno de España anunció que «se eliminarán los principales cuellos de botella de la Administración para mejorar la eficacia en la gestión de los fondos europeos». Cuellos de botella que no solo están en la falta de personal, sino en la desorganización, aquella diagnosticada por Alejandro Nieto como la «Organización del desgobierno». Y ahí seguimos.
Gestionar con eficacia los fondos europeos o las partidas presupuestarias propias con una estructura de gestión por definir —más allá del papel asumido por el presidente del Gobierno y su anunciada creación de grupos de «alto nivel» para establecer una colaboración «público-privada»—, sin antes abordar una profunda y aquilatada reforma de las organizaciones y administraciones públicas, se confirma como tarea imposible. Como difícil ha sido abordar la pandemia con la sanidad, la educación o el transporte públicos debilitados por la austeridad, lo que obligó al Estado a aumentar ahora sus transferencias a las comunidades autónomas en un 35 %.
Desconozco si los gobiernos se ocuparán de reformar las organizaciones y administraciones públicas algún día, pero la Comisión Europea debiera exigirles su reforma para despolitizarlas y profesionalizarlas, con el objetivo de resolver problemas y crear riqueza, lo que siempre se olvida. Algo imprescindible, también en Galicia, sin que al parecer nadie se atreva. Ni patronal, ni sindicatos, ni partidos, ni gobiernos.