Ver juntos en Santiago bajo el liderazgo de Feijoo, y respondiendo a la invitación del presidente, a sus homólogos de otras siete comunidades autónomas constituye un hecho excepcional, que se convierte en insólito, en esta España de barricadas partidistas, visto el hecho de que entre ellos se encuentran mandatarios del PP (Galicia y Castilla y León), el PSOE (Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Aragón) y del Partido Regionalista Cántabro (Cantabria).
La razón que explica tal confluencia interpartidista es evidente: hoy no solo han resucitado, por obra y gracia de la irresponsabilidad del Gobierno, aquellas dos Españas que se enfrentaron en 1936 (tres en realidad, como nos ha enseñado Andrés Trapiello en su excelente ensayo Las armas y las las letras), sino que la descentralización ha producido también otras dos España con intereses muy diferentes en materia de financiación, tema pendiente desde hace años de re-entrar en la agenda nacional.
La España reunida ayer en Santiago (la de la población envejecida, dispersa y, con alguna excepción, de baja densidad demográfica), tiene necesidades diferentes a las que, pese a sus contrastes, presentan la del arco mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares) junto con Madrid y Andalucía (pobre en desarrollo pero rica en población). Esto es fácil de entender: la prestación de los servicios en el primer grupo de comunidades —que deberían utilizar su financiación para corregir todo lo posible sus factores diferenciales— tiene, ceteris paribus, más coste (pensemos en la relación entre envejecimiento y gasto farmacéutico) y un coste más alto (pensemos en la prestación de servicios de todo tipo con población diseminada).
Prepararse para trabajar unidos en defensa de sus intereses comunes cuando haya que afrontar la solución de lo que ayer María Cadaval denominaba, en un excelente artículo publicado en este diario, el sudoku de la financiación, es una necesidad inapelable en un país donde una cuestión de tanta importancia y otras conexas han sido decididas por partidos nacionalistas que, representando a una ínfima porción de la población nacional y teniendo como objetivo prioritario la secesión de sus respectivos territorios, acaban siendo quienes se llevan el gato al agua, para decirlo por lo llano.
Cuando se elaboró la Constitución de los EE.UU. en 1787, el sistema federal se adoptó como un sistema más de checks and balances (controles y contrapesos) que, junto a la división horizontal de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), debería garantizar la armonía de los intereses de los habitantes de la Unión. El mismo objetivo —evitar que una minoría minúscula pueda imponerse, como ya sucedió en el pasado, presionando desde fuera al Gobierno— a una gran mayoría del país es al fin y al cabo lo que explica que diferentes partidos se hayan unido en Santiago para evitar un nuevo atropello del nacionalismo catalán, ahora aliado desleal de aquellos a quienes siempre ha despreciado.