La financiación autonómica: un sudoku pendiente de resolver
OPINIÓN
El proceso de descentralización en España se caracterizó por su intensidad en los primeros años de la transición democrática, en los que se avanzó hacia un gobierno multinivel. En poco tiempo, se pasó de un Estado centralizado a otro descentralizado, donde el traspaso de competencias de gasto se concretó de manera relativamente rápida; mientras que la descentralización del ingreso dista mucho de correcta, requiere avances adicionales y exige reformas, al tiempo que nuevos consensos políticos, en un contexto que parece harto complicado.
No es tarea fácil alcanzar un nuevo acuerdo sobre el sistema de financiación autonómico, ni siquiera en un escenario de incumplimiento de la revisión quinquenal a la que obliga la legislación vigente, en este contexto político. La falta de mayorías parlamentarias para sacar adelante una ley orgánica que regule el nuevo sistema y la situación vivida en Cataluña —pendiente de normalizar— han impedido avanzar.
Queda, pues, centrarse en las discusiones técnicas, que están bastante consensuadas y que apuntan hacia la necesidad de una mayor suficiencia y equidad del sistema, al tiempo que reclaman más transparencia y simplicidad. La equidad tiene dos caras: la vertical, que atiende al reparto de los ingresos entre el Estado y las comunidades autónomas, y que bascula en favor del primero, lo que habrá que equilibrar de acuerdo con las funciones que se han descentralizado; y la equidad horizontal, que se fija en el reparto de recursos entre autonomías. En este punto es fundamental llamar la atención sobre la necesidad de un mejor reparto, al tiempo que entren en juego dos comunidades que ahora están fuera como son el País Vasco y Navarra. Sin negar su modelo propio como comunidades forales, reconocido en la Constitución, hay margen de mejora en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra para avanzar en su contribución a la solidaridad interterritorial.
Más allá de esto, las comunidades deben tratar de aproximar la equiparación entre las necesidades de gasto de los ciudadanos y su cobertura con los recursos asignados, lo que se conoce como suficiencia, para lo cual es preciso definir de manera correcta las características de la población ajustada. En este punto, Galicia tiene que hacer valer el impacto del envejecimiento de la población sobre el coste de la prestación de servicios y conseguir que se otorgue mayor peso al impacto económico de la dispersión. Mientras esto se negocia, será necesario un modelo transitorio que ayude a capear el temporal y aporte los recursos extraordinarios necesarios para atender las necesidades derivadas de la pandemia.