El coronavirus ataca mucho menos en España que en otros países europeos y tenemos que celebrarlo. No es que seamos más fuertes ni más afortunados; es que nos hemos vacunado más. Por eso sorprende que haya todavía más de tres millones de negacionistas amparados en las más diversas razones, religiosas, supersticiosas o conspiratorias, pero ninguna científica. De algo les debería servir la evidencia de que el 60 por ciento de los infectados que ocupan camas de hospitales son personas que no han querido vacunarse. Algún día quizá sepamos cuántos contagios han provocado a otras personas, causando sufrimiento y gasto innecesario a la sanidad pública.
Pero he dicho que debemos celebrar el éxito de nuestro país, al menos en comparación con nuestro entorno. En ese aspecto hemos dado al mundo un ejemplo de sociedad madura, sorprendente para quienes solo ven en España grupos ácratas y desestabilizadores. Quienes de verdad parecen ácratas son los miembros del Gobierno, que repiten una historia ya vivida sin dar señales de que hayan aprendido ninguna lección. Si a lo largo del 2020 percibimos la gravedad de no tener una legislación actualizada de epidemias y pandemias, ahora estamos exactamente igual. Y si en el 2020 resultó de una evidencia clamorosa que el Gobierno central se reservaba las buenas noticias y dejaba a las comunidades autónomas las decisiones menos populares con la disculpa de la cogobernanza, nada ha cambiado.
Estas son las consecuencias: cuando se trata de debatir la conveniencia o la legalidad de exigir determinadas precauciones sanitarias, nos encontramos con el mismo vacío legal de siempre, como si no hubiésemos pasado una terrible desgracia colectiva. Cuando se trata de decidir las medidas preventivas más recomendables, se deja al criterio de los gobiernos autónomos, creando una vez más un escenario de diecisiete actuaciones distintas, cuando no contradictorias. Y cuando se trata de decidir qué es prioritario, prevenir los contagios o salvar determinadas economías sectoriales, nos encontramos con la peor imagen del desgobierno: nadie sabe o quiere decirnos cuál es la prioridad del momento.
Y la consecuencia peor es la también vista en las oleadas anteriores. Ahora, al tratar de imponer o rechazar el llamado «pasaporte» para acceder a locales de ocio nocturno o restaurantes, es tal la confusión o el caos de este país que unos tribunales superiores de justicia lo autorizan y otros lo rechazan, como ayer ocurrió en el País Vasco. ¿Es que estamos en un Estado federal con leyes distintas en cada territorio? ¡No! Es que, sencillamente, no hay ley. ¿Y qué ocurre cuando no hay ley? Pues nada menos que esto: que los gobernantes no saben a qué atenerse; que los ciudadanos sufren inseguridad jurídica; que nos asomamos a la anarquía y que, como decimos la gente del común, «no pasan más cosas porque Dios no quiere».