Basta consultar los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (ese que su actual director, Félix Tezanos, ha convertido en Centro de Promociones Pedrológicas, según pudo verse ayer de nuevo) para comprobar que los españoles señalan el paro, con gran diferencia, como el primer problema del país. Salvo durante la fase más dura de la pandemia, lleva décadas siendo de ese modo.
Lo cual no es de extrañar en absoluto si se constata que el número de parados oficialmente registrados en España supera en varios puntos el porcentaje de los existentes en las economías europeas y, más en general, occidentales, con las que debemos compararnos, hasta llegar a triplicarlo o incluso cuadruplicarlo en ocasiones.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan la situación en el tercer trimestre de este año: con una población activa de casi veintitrés millones y medio de habitantes y con más de veinte millones de ocupados, el número de parados era, al finalizar el pasado mes de septiembre, de casi tres millones y medio, lo que suponía el 14,6 % de la población en edad de trabajar. En ese mismo momento el desempleo era en Alemania del 3,4 %; en el Reino Unido del 4,3 %; en Portugal del 6,4 %, en Francia del 7,7 %; en Italia del 9,2 %, y en la media de la zona euro del 7,6 %, es decir, poco más de la mitad que en nuestro país.
Los datos españoles son el origen, sin embargo, de un grandísimo misterio: que al mismo tiempo que lleva años habiendo en España varios millones de personas buscando trabajo (y estoy seguro de que la mayoría de los parados lo hacen con ahínco), nuestro país ha dado empleo a varios millones de inmigrantes (basta pasearse por las ciudades para observar la gran cantidad de trabajadores extranjeros que han encontrado aquí, por fortuna, un medio para ganarse la vida) y no hay día en que no haya noticias de un sector u otro donde faltan trabajadores: el agrario, la construcción, el transporte o los servicios, tan importante para España, donde estamos cansados de oír que faltan, por ejemplo, cocineros o camareros.
La pregunta que millones de españoles nos hacemos de buena fe (es decir, sin prejuicio alguno contra los trabajadores inmigrantes, que probablemente realizan labores que de no ser por ellos serían también deficitarias en empleo), pero absolutamente sorprendidos, es cómo puede ser posible tal desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Sabemos que se debe, entre otras razones, a lo reacios que son muchos trabajadores a cambiar su residencia, a la falta de especialización o a los escasos incentivos para trabajar con salarios bajos y prestaciones sociales numerosas. Pero esa es la obligación del Gobierno nacional y los ejecutivos autonómicos: corregir un desequilibrio que produce muchos dramas personales y familiares y les cuesta a las arcas públicas miles de millones. Los gobernantes quizá sostendrán que hacen lo que pueden, en cuyo caso habrá que responderles que merecen un claro suspenso, pero sin pasar de curso.