La historia de la plusvalía municipal —exactamente, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana—es muy triste y, a la vez, desoladora para los contribuyentes de la estructura pública.
El asunto se remonta a una docena de años, cuando un matemático conquense cuestionó, con fundamento, la fórmula de cálculo del tributo. Aquello, aunque lo zanjó el Tribunal Supremo, fue el primer aviso de que ahí algo olía a podrido. En paralelo, el Tribunal Constitucional sentenció que el impuesto guipuzcoano era inconstitucional cuando gravaba transmisiones en las que no se generara una ganancia (segundo aviso). Meses después, lo mismo le ocurrió al alavés (tercer aviso); y más tarde (cuarto toque, ya en mayo del 2017) hizo lo propio con el vigente a nivel nacional.
Y, en aquella sentencia del 2017, el Constitucional envió un mensaje al poder legislativo, avisándole que era a él a quien le correspondía modificar el impuesto para evitar la tributación de situaciones en las que no se manifestara capacidad económica alguna. Pero, en la Carrera de San Jerónimo solo se oía a los grillos. En el 2019, el Constitucional lanzó un nuevo aviso (van cinco) declarando inconstitucional el tributo si la cuota a pagar superaba el beneficio obtenido en la transmisión inmobiliaria.
Tanto va el cántaro a la fuente que, el pasado 26 de octubre, se rompió cuando declaró la inconstitucionalidad y nulidad del método de cálculo de la plusvalía, ya siempre y en todo caso. Pero la sentencia incluía una fórmula de campana y se acabó: quienes en esa fecha del fallo no tuvieran vivo un litigio sobre el impuesto no recuperarán ni un euro de lo ilegalmente pagado.
O sea, que durante años miles de contribuyentes abonaron un gravamen que nunca deberían haber sufragado, pero pese a ello, pese a la inacción —¡durante cuatro años!— del legislativo, pese a los titubeos del poder judicial y pese a su declaración de inconstitucionalidad a cámara lenta, casi nadie va a recuperar nada.
El Estado es, pues, un genuino defraudador, pues ha decepcionado a la ciudadanía en la confianza legítima que esta deposita en él al asumir que cumplirá con sus deberes conforme a Derecho y que, de no hacerlo, resarcirá a los perjudicados. Ni lo uno, ni lo otro. Derecho de Estado y no Estado de Derecho habemus. Triste, patético y muy preocupante; pero nadie responde. No en el lado público, claro. «Dicho y hecho» (ministra Montero dixit).