Derogación y reformas laborales

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

Gustavo Valiente | Europa Press

04 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

¿Derogación o contrarreforma de la reforma laboral del PP? A mí, planteado así el interrogante, me parece una cuestión baladí y bizantina. Una manera fútil de enredarse en la nomenclatura. Ha habido muchas reformas del marco laboral y cada una de ellas —la del PP también— supuso la derogación parcial de la precedente. Nunca el borrón y cuenta nueva, que para esa travesía se necesitarían pocas palabras: «Queda revocado el decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero»; a lo que podría añadirse, solo para adornarlo un poco, la coletilla de Fernando VII cuando abolió la Constitución de Cádiz: «Como si nunca hubiera existido».

La derogación total no es una opción, pero la no-reforma muchísimo menos. Primero, porque se trata de un doble compromiso del Gobierno: consigo mismo y con Bruselas. El uno, tal vez soslayable: no sería la primera vez que los gobernantes incumplen su programa. Pero el otro, ineludible y de obligado cumplimiento: condición sine qua non para recibir el maná europeo que debe alimentar la recuperación económica.

Reforma necesaria, en segundo término, para suprimir los aspectos más lesivos de la reforma «extremadamente agresiva» del PP, según la calificó el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y captó un inoportuno micrófono. Como botón de muestra, es preciso revertir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, que deja en la indefensión a millones de trabajadores con exigua o nula capacidad de negociación. Aunque, ciertamente, habrá que establecer excepciones o cláusulas de descuelgue, porque no todas las empresas están en las mismas condiciones.

En tercer lugar, es preciso combatir la precariedad y la exagerada proporción de trabajadores temporales, mal endémico del mercado de trabajo español, acentuado por la reforma del 2021. La buena noticia es que todos, Europa, Gobierno, patronal y sindicatos, coinciden en el diagnóstico y en la necesidad de erradicar esa lacra. La mala es que existen acusadas diferencias a la hora de establecer la terapia. La propuesta de fijar un tope al número de trabajadores temporales en cada empresa —15 % de la plantilla, la media europea— choca con la oposición de la patronal. La supresión del contrato por obra o servicio, al que se acogen 92 de cada cien eventuales, tampoco agrada a la CEOE, que prefiere la opción de ajustes finos para limitar el uso y abuso de ese colador. Pero también en este, como en el resto de asuntos sobre la mesa —ultraactividad de los convenios, regulación de las subcontratas...—, el diablo está en los detalles y en la letra pequeña.

En todo caso, la gran diferencia entre la reforma del 2012 y la que ahora se negocia está en el método. Aquella la hizo el PP por decreto (ley): utilizando el rodillo de la mayoría absoluta para aplastar derechos de los trabajadores. Y esta, huyendo del péndulo, busca la concertación entre los agentes sociales. Si sale adelante, aunque Gobierno, empresarios y sindicatos se dejen algunas plumas en el camino, todos saldremos ganando.