El asunto es muy grave pero, de forma inexplicable, ha quedado aparcado como si se tratara de una maldición bíblica, cuando debería ocupar el centro del debate público. El PP se sigue negando a renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando se cumplen dos años y siete meses desde que debió hacerse. Para justificar este incumplimiento de la Constitución, Pablo Casado se va inventando una excusa detrás de otra. La antepenúltima fue la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno. Fuese el vicepresidente a su casa y no hubo nada. Luego, los indultos a los presos independentistas. La que rige ahora es la exigencia de cambiar el sistema de elección. Todo sirve para mantener la mayoría del PP en el órgano de gobierno del Poder Judicial. No hace falta ser muy listo para saber por qué se niega contumazmente a su renovación. El bloqueo se extiende al Tribunal Constitucional. Viendo la sorprendente sentencia que ha tumbado el primer estado de alarma por seis votos a cinco, con cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado y otro ausente, que ha causado estupor en cualificados medios jurídicos, se entiende perfectamente por qué los populares quieren mantener la actual correlación de fuerzas. El mismo caso se da en el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las finanzas de partidos e instituciones, también caducado. De esta forma torticera, el PP mantiene mayorías afines en estas tres instituciones clave de nuestra democracia, sometiendo al sistema a un deterioro muy peligroso y socavando la credibilidad de la justicia. El silencio de algunos juristas, constitucionalistas y analistas, tan beligerantes en otras cuestiones, resulta clamoroso y significativo.