Solo una semana después de que el Tribunal Constitucional declarara que el confinamiento de la población ordenado por el Gobierno en el primer decreto del estado de alarma no se ajusta a la legalidad constitucional, el Ejecutivo recibió ayer otro varapalo judicial. La decisión de una jueza de ordenar la suspensión cautelar, por falta de justificación acreditada, de la entrega de 34 millones de euros por parte del Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra, prevista para el 28 de julio, evidencia, más allá del recorrido final del asunto, la tendencia del Ejecutivo a actuar con una prepotencia y arbitrariedad impropias de una democracia, ignorando las posibles consecuencias judiciales de sus actos.
Estos dos reveses en los tribunales son solo los últimos capítulos de una larga lista de encontronazos de este Gobierno con la Justicia y los órganos consultivos. El propio Constitucional ya declaró no ajustado a derecho el nombramiento por decreto de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE y la disposición mediante la cual se incluyó al entonces vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, enmarcándola en un decreto sobre los efectos económicos de la pandemia que nada tenían que ver con temas de inteligencia.
Todo ello se suma a los numerosos informes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado que han cuestionado leyes o decisiones del Gobierno como el indulto a los presos del procés; aspectos de la ley de Memoria Democrática; la ley de Libertad Sexual, conocida como la del «solo sí es sí»; el intento de la reforma del propio CGPJ o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero si alarmante resulta este extenso historial de varapalos judiciales, aún más preocupante es la costumbre del Gobierno de responder a todos ellos descalificando a los jueces cuando emiten sentencias en su contra o ignorando olímpicamente los informes de órganos constitucionales cuando les son desfavorables.
En lugar de desacreditar a la Justicia o atacarla con acusaciones tan graves como la de ejercer la oposición al Gobierno desde los tribunales, como han hecho varios ministros, lo que debería hacer el Ejecutivo es responder a algunas preguntas sobre el escándalo de Plus Ultra. Aquí van algunas de ellas. ¿Por qué otorga con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas 53 millones de euros a Plus Ultra cuando, lejos de ser estratégica, según los propios datos del Gobierno operaba solo un 0,06 % de los vuelos en España? ¿Por qué le da millones de euros a una compañía cuyos directivos están vinculados al régimen bolivariano de Nicolás Maduro y tienen sociedades en paraísos fiscales como Panamá? ¿Por qué rescata a una compañía insolvente desde su creación en el 2011, cuando esas ayudas están previstas para empresas solventes a las que el covid-19 haya puesto en problemas? Cesar a José Luis Ábalos como ministro de Transportes para tratar de borrar las huellas no es una respuesta suficiente.