Es de sobra conocido en nuestro país que las leyes están para cumplirlas. Dicho esto, son las leyes que permiten el beneficio económico a toda costa, las que «están para cumplirse». Porque en Greenpeace hemos podido constatar que cuando hay que anteponer la protección del medio ambiente al beneficio económico, las leyes, y por ende los procesos y contenciosos judiciales que dan la razón a la lucha ecologista y social, a menudo se revocan, eliminan u obvian. Además, si las empresas usan la presión política para poder enmendar leyes molestas, como la de cambio climático o la de costas, «mucho mejor». Y lo hacen utilizando el argumento de la pérdida de puestos de trabajo o las dificultades para trasladar el emplazamiento alegando que no se puede realizar una operación de este tipo en otro sitio, como mantras y relegan así el medioambiente a iniciativas inofensivas como el reciclaje de papel o la plantación de árboles.
Ence es un ejemplo de todo lo anterior. Y también es una Ley estatal de Costas a la carta y una enmienda a la Ley de Cambio Climático del 2021 en el Senado para asegurar su asentamiento en Lourizán, en la ribera de la ría de Pontevedra, hasta 2073. Ence es la constatación de la usurpación de terreno público, y caladero pesquero de alto valor, para uso privativo y contaminante. Parece mentira que cuando la comunidad científica insiste en que nos quedan nueve años para frenar las peores consecuencias del cambio climático, se siga planteando la vieja disyuntiva de «beneficio económico» versus «protección del medio ambiente». Pero repito, Ence es todo esto y seguramente después del 22 de junio, cuando la Audiencia Nacional resuelva sobre nuestro recurso, el de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y un tercero del Concello de Pontevedra, volveremos a escuchar que «las viejas locas ecologistas nos quieren llevar a las cavernas». O «nos querían», si al final el tribunal permite que Ence se salga con la suya.
Quizás, antes o después, el mar se llevará por delante parte de las infraestructuras ilegales asentadas en las zonas más vulnerables del litoral y eso será independiente del fallo en la Audiencia Nacional. Axfisiar y poner en peligro la defensa del litoral sí que nos llevará a las cavernas. Y nos costará mucho dinero, del público. Sobre todo si los fondos de recuperación europeos se destinan a la búsqueda de un nuevo emplazamiento para Ence, y así sí se pueda encontrar esa nueva ubicación que en el proceso judicial no se podía, porque se socializarán los costes y se seguirán privatizando los beneficios. Veremos qué pasa porque aún cabe recurso.