Con relativa discreción se está colando un inquietante debate en la sociedad española: el Tribunal Supremo no está a la altura de las necesidades de este país. Como el Supremo es la última instancia judicial, resulta que toda la Justicia merece ser revisada. A pesar de lo discreto de la ofensiva, estamos ante el ataque más serio y peligroso al pilar fundamental al Estado de derecho. Se está creando un estado de opinión de origen separatista, pero ya instalado en otros ámbitos sociales. Estos son algunos de los puntos que hacen encender las alarmas:
1.- Una larga historia de reproches del nacionalismo catalán, como mecanismo de defensa ante las condenas por sus acciones delictivas, no solo por el procés. En múltiples ocasiones se consideró a la Justicia española como servil de los intereses del Gobierno, sobre todo en la etapa del Partido Popular. Se tiende a incluir a los tribunales entre los instrumentos más sofisticados de la represión estatal.
2.- La utilización del concepto «judicialización de la política» como perversión del sistema. Se trata de colocar el mensaje de que se encarga a los jueces -y los jueces aceptan- la solución de los problemas que las instituciones políticas no pueden resolver. Los tribunales se convierten así en una especie de falso gobierno a cuyos miembros el pueblo no eligió. Por lo tanto, no son democráticos.
3.- La decisión de indultar a los condenados del procés viene acompañada por una literatura oficial cada vez más clara de que las penas han sido excesivas y, por tanto, ideológicas. Últimamente se deslizó la maldad de que el Gobierno ve con buenos ojos que el Tribunal de Estrasburgo eche abajo la sentencia del Supremo para justificar el indulto. Si así fuese, se anotaría en la carpeta del alto tribunal un nuevo motivo de desprestigio.
4.- El pasado día 30, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, socio del actual Gobierno español, dijo en una entrevista en El Correo que no confía en la Justicia española. Se suma así a los nacionalistas catalanes, a pesar de que ni él personalmente ni su partido tienen ninguna cuenta judicial pendiente.
Y 5.- Hace solo dos días, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre las condenas de «los Jordis», hoy en prisión. Y dos magistrados que presentaron voto particular, María Antonia Balaguer y José Antonio Xiol, basaron su discrepancia en que entienden que la sentencia del Supremo se aleja de la cultura jurídica europea.
Estos son los datos fundamentales de lo que ya parece una campaña. Seguramente no lo sea, y se quede en una mancha de aceite que se va extendiendo sobre las togas y códigos. Pero es una mancha de aceite. Y ensucia el Estado de derecho. No alcanzo a entender la pasividad, y a veces la complicidad, de los demás poderes del Estado.