Después del documentado informe del Tribunal Supremo, que demuestra punto por punto que no se cumple uno solo de los requisitos necesarios para la concesión del indulto, el Gobierno no tiene ningún argumento para anular o rebajar las penas a los presos del procés. Al contrario, otorgar la medida de gracia una vez que la Fiscalía y el tribunal sentenciador le han explicado que se trataría de un acto contrario al espíritu de lo que determina el ordenamiento jurídico constituiría por parte del Ejecutivo una muestra de absoluto desprecio -una más- a la división de poderes. El problema no es que lo que va a hacer Pedro Sánchez sea una decisión exclusivamente política -lo es cualquier indulto-, sino que la medida no obedece al interés general, a la «concordia» o al «reencuentro», como sostiene el presidente del Gobierno, sino única y exclusivamente a su interés personal. Ni siquiera al de su partido, que va a resultar gravemente dañado por su irresponsabilidad. Solo al suyo.
Sánchez indulta a los presos porque necesita sus votos para seguir siendo presidente. No hay otro motivo. Hasta los reos, que desprecian el indulto -aunque ya no dicen lo de que se lo metan por donde les quepa, por si acaso-, lo afirman. Pero el informe del Supremo pone contra las cuerdas al jefe del Ejecutivo cuando indica que otorgar el perdón en esas circunstancias sería un «autoindulto» y que «no es este, desde luego, el sentido y la finalidad» de la medida de gracia prevista en la ley.
Más allá del desprecio a cualquier consideración jurídica, constituye un insulto a la sociedad decir que lo que se busca es «la concordia», mientras se indulta a quienes, incluso desde la prisión, siguen alentando permanentemente todo lo contrario. Es decir, el sectarismo, el odio y la división social. Sostener que lo que se pretende al dejar sin efecto las penas es el «reencuentro» es simplemente una burla, porque los supuestos receptores del indulto no quieren ningún reencuentro, ni con el resto de españoles ni con la ley, e insisten cada día en que volverán a cometer los delitos por los que fueron condenados.
¿Qué concordia puede haber con quienes insisten en considerarse seres superiores a los demás españoles al reiterar que a ellos, a diferencia del resto, no les afectan las leyes que se han dado todos los ciudadanos? ¿Qué reencuentro puede haber con quienes no solo no se arrepienten de sus delitos, sino que se jactan de ellos? El indulto no logrará una concordia que los indultados son los primeros en rechazar. Al contrario, sembrará la discordia, incluso entre los votantes del PSOE, que lo desaprueban mayoritariamente. Pero a Sánchez le dan igual España y su partido. Sabe que los golpistas no rectificarán. Máxime, cuando comprueban que es el jefe del Gobierno de España el que les pide perdón a ellos por haber sido encarcelados, diciendo que lo que ha hecho el tribunal que los ha juzgado de acuerdo al ordenamiento jurídico no es aplicar la ley, sino ejecutar una «venganza» que él corregirá. Es Sánchez quien busca el indulto de los golpistas, y no al revés.