Para que no haya duda alguna, dejaré clara desde ya mi posición en relación con la grave crisis surgida entre España y Marruecos: la acción del reino alauí utilizando a miles de inmigrantes como carne de cañón para presionar a España por haberle dado atención médica al máximo dirigente del Frente Polisario (personaje polémico, por lo demás, donde los haya) constituye un chantaje intolerable, que rompe todos los principios de las relaciones diplomáticas entre dos países amigos y vecinos.
Sobre esa cuestión ha publicado este periódico en los dos últimos días un buen número de artículos, desde diferentes perspectivas y posiciones ideológicas, como corresponde a un diario plural como La Voz, y no me detendré ahora en el contenido del conflicto, ya suficientemente tratado, sino en un aspecto de la respuesta del Gobierno ante el mismo que demuestra otra vez que este todo lo convierte en propaganda.
Y es que la agresión del Gobierno marroquí ha provocado no solo una respuesta del nuestro que, de haber sido adoptada por otra mayoría, hubiera originado que el PSOE, como ya hizo en el pasado por mucho menos, organizase un escándalo mayúsculo (recordemos lo que afirmaba Sánchez, como quien dice antes de ayer, sobre el uso de concertinas, las devoluciones en caliente o la actuación de la Guardia Civil); sino que ha provocado también un ataque de patriotismo gubernamental, que se expresa con proclamas asombrosas vista la abierta complicidad del Ejecutivo con el secesionismo catalán y el independentismo en general. Ese de la mano del cual entró en la Moncloa Pedro Sánchez y con cuyo apoyo lleva casi tres años gobernando.
Que un Gobierno que sin el más mínimo miramiento pacta, cada vez que necesita aprobar algo en el Congreso, con los organizadores de un golpe de Estado que tenía por objetivo hacer saltar por los aires la unidad de este país, y que lo hace también, si es necesario, con todos los partidos que pretenden acabar con esa unidad estatal antes o después, proclame ahora por boca de su ministra de Defensa, y ante hechos cuya gravedad en todos los planos resulta incomparablemente menor a los que tuvieron lugar en España con motivo del procés, que «no vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial» y que «con España no se juega», sería de risa sino supusiera una tomadura de pelo insoportable.
La misma que se deriva del hecho de que Pedro Sánchez -que espera ya mercadear de nuevo sobre la unidad de España con un Ejecutivo catalán negociado en una cárcel y con un fugado de la justicia- se las dé ahora de valiente para hablar de que la «integridad de Ceuta como parte de nuestra nación española, su seguridad y tranquilidad» están «garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquiera que sean las condiciones y con todos los medios disponibles para ello». ¿Es para este Gobierno Cataluña menos importante que Ceuta o que Melilla? Esa es la pregunta que ahora se estarán haciendo, con razón, muchos catalanes.