Empezamos por recurrir a los tribunales en los casos extremos. Muy esporádicamente y cuando había visos de ilegalidad, o era imposible un acuerdo. A medida que el tiempo fue pasando, y la situación se fue endureciendo, ya se tomó la costumbre de, día sí y día también, buscar el amparo de la Justicia para que nos sacase las castañas del fuego. Lo que debía resolverse en un amistoso encuentro ante un café, se trasladaba a las audiencias. Y ahora, sin el mínimo rubor y como si fuera lo más común, se busca que los tribunales adopten las decisiones que no toma el Gobierno. O lo que es lo mismo, que lo sustituya.
El Supremo acaba de decirle al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no está para ejercer sus tareas, a propósito del decreto que le da la última palabra sobre las restricciones sanitarias que tomen las comunidades, tras la caída del estado de alarma. Y, en un ejercicio de la más elemental didáctica jurídica y política, le ha explicado que no se puede situar a los tribunales «como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas». Que aguardemos que en la Moncloa entendieran lo que han querido decirles.
La actitud huidiza del Gobierno en un asunto vital como el final del estado de alarma, resulta incomprensible para una mente normal. Tanto como la sordera que padecen sus miembros ante la opinión de los expertos. Antes despreciaron sistemáticamente los criterios de los especialistas sanitarios y ahora lo hacen con los juristas que vienen abogando por una regulación específica que evite un caos jurídico, como ya ocurrió tras el verano.
Hace semanas que, desde todos los ámbitos, se planteó la necesidad de contar con una herramienta que unificase la actuación de las comunidades a partir de mañana domingo. Cierto es que los mismos que ahora reclaman esa continuidad se opusieron reiteradamente a ella calificándola de demoledora para la economía. Pero un Gobierno no puede actuar en función de caprichos y refriegas parlamentarias. Y mucho menos, inhibirse de sus funciones. Lo de traspasar a los tribunales las decisiones propias de un Ejecutivo, tiene un nombre. Dejación de funciones. Que además, es un delito.