El decaimiento del estado de alarma trae consigo el primer caos judicial

La Voz

SOCIEDAD

Cézaro De Luca

Los tribunales avalan las restricciones en Cataluña y tumban las del País Vasco

08 may 2021 . Actualizado a las 10:11 h.

Los servicios jurídicos de los gobiernos autonómicos apenas han tenido 72 horas para crear el armazón normativo con el que afrontarán la pandemia a partir de mañana, cuando ya no tengan el paraguas del estado de alarma para imponer restricciones de derechos fundamentales. La decisión del Ejecutivo central de cambiar las reglas del juego el pasado martes, con la reforma contrarreloj de la legislación del contencioso administrativo para involucrar al Tribunal Supremo en las restricciones, ha sumido a las comunidades todavía más en la inseguridad jurídica y en la improvisación.

La respuesta de las autonomías, además, ha provocado la ruptura casi total de la homogeneidad, ya no solo de las medidas, sino en los procedimientos. Por lo menos cuatro autonomías -País Vasco, Baleares, Cataluña y Galicia- han recurrido a la inédita fórmula, sin ningún precedente, de consultar previamente a los respectivos tribunales superiores de justicia sobre la posible legalidad de sus futuras restricciones y las primeras respuestas contradictorias no han hecho más que ahondar la sensación de caos jurídico que se prevé en las próximas jornadas.

Mientras los tribunales de la Comunidad Valenciana y de Baleares han avalado las medidas propuestas por sus ejecutivos regionales, el del País Vasco ha decidido que no pueden mantenerse el toque de queda nocturno, los confinamientos perimetrales autonómico o municipales ni el límite de agrupaciones de cuatro personas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha autorizado las limitaciones a la movilidad nocturna, a las reuniones sociales y/o familiares y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat el jueves ante el fin del estado de alarma. Pero los magistrados acotan la vigencia de estas restricciones al período comprendido entre el 9 y el 24 de mayo (no hasta el 30 de mayo como pedía la Administración) y establecen que será la evolución de la pandemia y el ritmo de la vacunación los que determinen «la necesidad -o no- de su prórroga o la adopción por la autoridad competente de medidas de mayor laxitud en la afectación a derechos fundamentales», informa el alto tribunal valenciano.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la limitación de las reuniones a seis personas y del 50 % de aforo en los actos religiosos y ceremonias civiles que plantea el Gobierno catalán para controlar el coronavirus, una vez decaiga el estado de alarma el próximo domingo. La sala contencioso-administrativa del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ha dado luz verde este viernes a las restricciones de la Generalitat que necesitan aval judicial porque afectan a los derechos fundamentales de reunión y libertad religiosa.

Concretamente, la sala ha autorizado a la Generalitat a mantener la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas, tanto en interiores como en el exterior, y el aforo máximo del 50 % en actos religiosos y ceremonias civiles.

Tras reconocer que el Gobierno catalán «ha acreditado la legalidad, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad» de las medidas propuestas, la sala da por buenas las restricciones al entender que tienen una «levísima repercusión» en los derechos fundamentales de reunión y libertad religiosa.

Y la Comunidad de Madrid también ha anunciado que eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y no mantendrá el toque de queda a partir de mañana, momento en que además ampliará el horario de cierre de bares y restaurantes de 11 a 12 de la noche. Avanzó también que pondrá en marcha un plan antibotellón en la región para atajar el posible incremento de concentraciones de personas consumiendo alcohol en las calles una vez desaparezca el estado de alarma.