Transcurridos tres meses desde que empezó la vacunación contra el covid-19, la población inmunizada llega al 20 %. Paralelamente, puede sorprender que durante este tiempo la tasa de positivos no haya remitido más, aunque esta evolución podría ser la que corresponde a un problema de riesgo moral. Hay riesgo moral cuando una persona tiene algún tipo de seguro contra una contingencia y esa protección reduce sus ganas de evitar el riesgo del que ahora está libre. Esta idea resume cómo los mercados dominados por el riesgo y la incertidumbre funcionan deficientemente debido a los incentivos perversos que provocan los contratos mal diseñados. Alguien que adquiera un seguro médico tendrá tendencia a ahorrarse el gasto que supone seguir un estilo de vida saludable y la aseguradora hará bien en encarecer la póliza en consonancia con el mayor riesgo que enfrentará. Pero entonces las personas más sanas no se asegurarán, al tener que pagar un precio superior al que corresponde a su estado de salud. Las compañías se verían asegurando a las personas menos sanas y el problema no haría más que agravarse.
El proceso de vacunación también puede conllevar un problema de riesgo moral. Al ofrecer a las personas vacunadas un «seguro contra la enfermedad», reduce la probabilidad y el coste de contraerla. Su incentivo a ser precavidas mengua. Aunque no se puede afirmar que la asociación entre vacunación y alto volumen de positivos se deba al problema de riesgo moral, tampoco es descartable que a medida que avance la inmunización importantes segmentos de la población relajen su comportamiento, lo cual podría agravar el problema. A fin de cuentas, se estarían ahorrando los costes de las precauciones orientadas a reducir el riesgo.
Lo que sí hay son medidas para mitigar el problema y que, aumentando los costes de las conductas inapropiadas, tratan de cortar el incentivo a comportarse arriesgadamente. No en vano, las aseguradoras imponen algún copago o deducible si se materializa la contingencia asegurada. Y también hay medidas que corrigen la falta de información que genera el riesgo moral. Por ejemplo, las señales como las garantías que ofrece el vendedor de un producto para demostrar que es bueno.
En el caso de la vacunación, las autoridades sanitarias deben tomar medidas que, indirectamente, aumenten el coste de las conductas arriesgadas y reduzcan el problema de información en torno a la enfermedad. Paralelamente a la vacunación no deben flexibilizar, sino mantener, las implementadas hasta ahora y, por supuesto, aplicables a toda la población. Se estará así informando de que bajar la guardia no es una opción viable. Y tampoco aumentará el coste de oportunidad de las medidas de aislamiento; de lo contrario, se generarán incentivos para que la gente vacunada se comporte arriesgadamente.