Mientras todo el país y parte del extranjero, a juzgar por el interés que despiertan estos comicios autonómicos, se va a pasar los próximos quince días con el foco puesto en la batalla de Madrid, presentada como la madre de todas las campañas electorales, en España sigue activa una pandemia que mata todavía a un ritmo de cien personas diarias, infecta a miles de ciudadanos cada 24 horas y envía al hospital a centenares de ellos cada jornada. La incidencia acumulada supera los 200 casos por 100.000 habitantes. Y subiendo. Muy cerca de los 250, que marcan lo que se considera un riesgo extremo. Unas cifras que, agravadas por el retraso en el suministro y la administración de las vacunas, están muy lejos de apuntar a que la crisis esté superada. Ni siquiera podemos decir, porque sería una imprudencia temeraria, que la pandemia está controlada.
No hay por tanto ningún dato científico que justifique el levantamiento de las principales restricciones que han impedido que esas cifras fueran mucho peores. Y, a pesar de ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene firme en su decisión de no prorrogar el estado de alarma y no promover ninguna alternativa legal que garantice a las comunidades el poder implantar restricciones a la movilidad. Ni siquiera se plantea convocar una conferencia de presidentes autonómicos para evaluar la cuestión. Nada. Y, como es impensable que en plena campaña Sánchez rectifique su posición, lo que aguarda a partir del 9 de mayo es el abismo jurídico frente al virus, a pesar de que el covid-19 siga infectando a destajo y de que estemos todavía muy lejos de la inmunidad de grupo del 70 % de vacunados, que es lo único que permitiría un respiro.
La situación es tan injustificable que Sánchez ha conseguido la insólita proeza de poner de acuerdo a Bildu con el PP o a Ciudadanos con JxCat y el PNV. Todo el Parlamento le ha dicho que su posición es insensata. Hasta sus socios de Unidas Podemos consideran ya que es imprescindible una prórroga del estado de alarma o un nuevo marco jurídico. La excepción es Vox, el único que apoya su decisión de no hacer nada. Algo que debería bastar para hacerle reflexionar.
Pero, para justificar una decisión que solo obedece a su miedo a una derrota que demuestre su precariedad parlamentaria, Sánchez dejó una frase tremenda en el Congreso. «Este Gobierno no puede poner en manos de las comunidades una serie de restricciones en las libertades y derechos fundamentales sin ningún tipo de control por el poder judicial. Eso sí que puede ser un retroceso en la calidad democrática del país». Lo dice quien lleva un año gobernando por decreto, bajo la excepcionalidad constitucional y con el control parlamentario y judicial bajo mínimos. Para Sánchez, los presidentes autonómicos son niños irresponsables a los que no se les pueden dar prerrogativas excepcionales, ni siquiera para frenar la pandemia, y que deben ser tutelados siempre por un juez. No como él, que está por encima de las leyes. Pero, si no quiere asumir su responsabilidad como presidente, debería dejar que lo hagan otros.