El artículo 47º de la Constitución es tan claro como ilusorio: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». La vivienda es un derecho fundamental, pero también un negocio. Disfrutar puede ser poseer, pero también alquilar. Los poderes públicos no saben cómo incentivar el alquiler, pero los poderes privados saben cómo incrementar el beneficio. Algunos de estos son grandes rentistas o fondos de inversión, pero muchos son pequeños propietarios.
La ley de vivienda, concretamente el alquiler, ha provocado una grieta en la pared del Gobierno de coalición. No es cuestión de dar una de cal a los propietarios, ventajas fiscales, y otra de arena a los inquilinos, control de precios. El problema del alquiler es complejo y diferente según la dimensión y función de las ciudades. Es un problema que tiene que ver con la economía, pero también con la mentalidad y la inercia social. Un problema que se agrava con cada crisis, por el aumento de la pobreza y la exclusión. Para colmo, los únicos datos fiables son los del exiguo parque de vivienda pública en alquiler.
Estamos viendo que se cruzan el alquiler, la pirámide de edades y la política partidaria. El PSOE hace un guiño a los propietarios maduros de clase media. Podemos se erige en abanderado de las parejas jóvenes que no pueden comprar una vivienda y advierte que reducir impuestos a los propietarios no va a bajar el precio de los alquileres. El PP dirige su mensaje a los mayores que tienen patrimonio inmobiliario, proponiendo un mercado libre, donde la oferta y la demanda regulen los precios, donde el dueño haga con su piso lo que quiera, alquilarlo a unos inmigrantes sudamericanos sin papeles o a unos turistas franceses. Se alquila piso, se presta voto.