¿Derecho a no vacunarse?


Hace no mucho tiempo escribí las razones por las cuales creo que, en determinadas circunstancias, una vacuna puede llegar a ser obligatoria, o, al menos, condición necesaria para el ejercicio de determinadas libertades. Pero es evidente que una obligación o un condicionamiento de este tipo necesitarían superar un juicio previo de cobertura legal y de proporcionalidad. Es decir, tendría que justificarse que la medida está prevista en una ley y resulta necesaria en una sociedad democrática para preservar determinados valores o derechos constitucionales, sin romper el equilibrio entre ese fin y la incuestionable restricción de las libertades individuales que conllevaría.

Si analizamos nuestro ordenamiento jurídico creo que, cuando menos, falta el primero de esos requisitos. Este tipo de restricciones necesita una cobertura legal clara, es decir, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama «claridad de la ley». Ni nuestra legislación sanitaria ni ninguna otra norma de rango legal prevé una obligación de este tipo de forma explícita, más allá de menciones genéricas y ambiguas sobre las diferentes medidas que las autoridades pueden adoptar en caso de epidemia. En suma, es verdad que la vacuna contra el covid podría ser legalmente obligatoria… pero no lo es.

Por lo demás, y ya desde la perspectiva del ciudadano-paciente, lo que digo se confirma si tenemos en cuenta la legislación sobre la autonomía del paciente, que establece claramente ese principio de autonomía, que permite rechazar cualquier tratamiento sobre la salud, e incluso, con un enfoque más positivo, decidir sobre el tratamiento sanitario, entre aquellos médicamente disponibles. Aunque pudieran plantearse dudas sobre si las vacunas son, a estos efectos, equiparables a otros tratamientos sanitarios, creo que resulta aquí perfectamente aplicable lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre: «Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso». Así que si alguien quiere, hoy por hoy, negarse a recibir la vacuna de AstraZeneca, o cualquier otra, sean más o menos fundados sus motivos o sus temores, puede hacerlo. Incluso, como digo, una visión verdaderamente activa y positiva de la autonomía del paciente apuntaría a la posibilidad de elegir, de entre los adecuados, el «tratamiento» o vacuna disponible, aunque en una situación de escasez extrema, como la que parece que estamos viviendo en este momento, resulte algo difícil llevar a la práctica esa posibilidad…

Por Francisco Javier Díaz Revorio Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha

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