Galicia está inquieta. La comunidad se debate tras la pandemia entre volver a ser una región de segunda, como en los años 80, o seguir la estela de las más desarrolladas. Y mucho dependerá de la gestión que el Gobierno central haga del Next Generation EU. Las cosas no han empezado con buen pie. El Consejo de Estado la calificó de arbitraria y poco transparente sobre el papel. Bruselas admite que tenemos problemas para ejecutar a tiempo los fondos y una plantilla insuficiente. Cobra fuerza la sospecha de que el Ejecutivo echará mano a la hucha para pagar deudas políticas, como dejó entrever al anunciar ayudas a dedo para la planta de baterías de Martorell (Barcelona). Ni siquiera se han esmerado en informar. El 70 % de las empresas gallegas no tienen ni idea de cómo acceder a los fondos, según las consultoras.