¿Cómo gestionarán los bancos la morosidad de las empresas?


La crisis económica derivada del coronavirus está impactando especialmente a los sectores más afectados por las medidas de restricción a la movilidad y, dentro de estos sectores, a las pyme. La fuerte dependencia de la financiación bancaria por parte de dichas empresas puede hacer que su crisis derive en un significativo deterioro de los balances bancarios. Afortunadamente, esta recesión coge a la banca española en unas condiciones adecuadas de solvencia y liquidez, aunque con una rentabilidad media no muy satisfactoria.

Como las estimaciones de deuda empresarial no sostenible ascienden a importes muy significativos, se trata de adoptar medidas tanto para prevenir la morosidad como para conseguir una gestión eficaz de la morosidad que registre la banca.

Ante las características especiales de esta crisis, hay bastante consenso en que son necesarias ayudas directas a las empresas que acrediten que han tenido una reducción sustancial de sus ingresos como consecuencia de la lucha contra la pandemia.

Entre las medidas preventivas, habría que destacar algunas que son responsabilidad de las administraciones públicas: ante las características especiales de esta crisis, hay bastante consenso en que son necesarias ayudas directas a las empresas que acrediten que han tenido una reducción sustancial de sus ingresos como consecuencia de la lucha contra la pandemia. Si no hay ingresos es muy difícil atender las obligaciones de pago de las empresas. El Gobierno tiene también que trasponer la directiva 2019/1023 de 20 de junio de 2019, que regula, entre otros temas, los mecanismos de reestructuración preventiva de empresas. La directiva busca desarrollar planteamientos que, a diferencia de la liquidación de las empresas en dificultades (soluciones concursales), tengan por objeto la recuperación de estas o al menos el rescate de aquellas de sus unidades que sigan siendo económicamente viables.

Cuando aparezcan las dificultades de pago de las empresas, las entidades deben evaluar estrictamente el riesgo de sus clientes, sin aplazar injustificadamente una necesaria reclasificación de un préstamo a normal en vigilancia especial o dudoso, lo que exigirá la dotación de provisiones. Por otro lado, la banca debe considerar todos los instrumentos de recuperación de deudas, aplicándolos según las características de cada empresa deudora.

Un primer instrumento de gestión de dicha morosidad es la refinanciación de deudas, que supondrá, con toda probabilidad, una ampliación de la carencia y de los plazos de vencimiento de los préstamos. El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, ha facilitado dichas refinanciaciones cuando el crédito tiene un aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ya que ha ampliado el plazo máximo de dichos avales en tres años, por lo que el vencimiento total de la operación avalada no puede superar los ocho años. Asimismo, ha ampliado el plazo de carencia en la amortización del principal de dichas operaciones en un máximo de un año, por lo que el plazo total de carencia no puede superar los dos años.

La reestructuración de deuda sería más significativa para empresas con problemas de solvencia, pero viables a medio plazo. En este escenario, se podrían efectuar tanto reestructuraciones de deuda con posibles quitas como operaciones de conversión de deuda por capital o instrumentos subordinados.

Es fundamental para la banca y, en general, para la economía que la morosidad que se genere durante esta crisis sea gestionada eficazmente. Un gran reto de esta crisis es que la gestión de la recuperación que tendrá que hacer la banca es más complicada que en la anterior crisis, ya que entre los acreditados con problemas habrá muchas pymes y autónomos con importes medios adeudados relativamente bajos y la calidad media de los colaterales será peor.

Por Antonio Carrascosa Director de la Cátedra EY de Estabilidad Financiera de la Universidad de Navarra

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