Una de las principales características del notariado español, es que los aproximadamente 2.800 profesionales que somos, cubrimos toda la geografía. Dicha distribución depende de la demarcación de las notarías a cargo del Ministerio de Justicia. Los notarios no podemos abrir una notaría dónde nos dé la gana, sino que debemos concursar como funcionarios públicos que somos, a las plazas demarcadas. Y ¿cúales son los criterios para esa demarcación? Pues básicamente, el de efectiva prestación del servicio notarial. De lo que se trata, es de que cualquier español tenga «a mano» una notaría cercana.
Os pongo un ejemplo. Desde dónde yo os escribo, Galicia, cualquier ciudadano, por muy recóndito que sea el lugar donde vive, tiene a menos de treinta minutos en autobús una notaría a su disposición.
Por tanto, en España hay notarías en las grandes capitales, en poblaciones de tamaño medio, y en pequeños municipios. Y me preguntareis: ¿hay diferencias entre ellas? ¿Es distinto ser notario de Madrid, qué de un pueblo de 2.000 habitantes? Pues bien, a nivel reglamentario, hay clasificación de notarías de primera, segunda y de tercera clase, en función de población o capitalidad de provincia. Pero eso es una cuestión interna, a efectos del orden de escalafón que tenemos los notarios, y que no afecta al valor de nuestra función. En román paladino: es tan notario, un notario de Madrid, como yo, que soy notario de un pueblo, Rianxo, de unos 11.000 habitantes. Por tanto, todos los notarios ejercemos la misma función y podemos realizar los mismos actos. Y eso es así porque tenemos la condición de notarios por el mismo cauce (acceso a través de libe oposición). Y salvo para cuestiones puntuales, el ciudadano puede elegir libremente a qué notario acudir.
Distinto es que, el día a día, las cuestiones jurídicas o el ritmo de trabajo de un notario en una ciudad, puedan ser diferentes a las de un notario en un pueblo.