Juan Carlos y el juicio político


Cuando gobernaba Felipe González instauró con éxito temporal una doctrina: el Congreso de los Diputados no debe investigar acciones o presuntos delitos que están siendo investigados o juzgados por la Justicia. Era, según mi criterio, una tesis razonable: se podía llegar a la pintoresca situación de que un investigado fuese declarado inocente por los jueces y declarado culpable por el Parlamento, o a la inversa. Poco a poco, la tesis de Felipe González perdió vigencia, hoy somos pocos los que la invocamos y vemos que asuntos que están sub iudice van a ser investigados por comisiones especiales creadas en el Parlamento. En concreto, la llamada Operación Kitchen de espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Lo mismo pudo haber ocurrido con el rey Juan Carlos, si el Grupo Socialista hubiese votado ayer a favor de investigar el uso de tarjetas opacas con fondos procedentes de un empresario mexicano. Interesantísimo debate. Creo que fue la cuarta vez que la izquierda radical intentó sacar adelante la iniciativa y tiene un aspecto morboso respecto a la unidad del Gobierno: para promover esa comisión, Podemos no se alió con su socio gobernante, sino con todos los grupos independentistas y republicanos, incluido el BNG. Un suceso más en la quebradiza convivencia en el seno del Gabinete. Queda acreditado otra vez que estamos gobernados por quien defiende la monarquía incluso en oscuros episodios económicos del anterior jefe del Estado y por quienes aprovechan esos episodios para repudiar la monarquía.

El fondo de la cuestión tiene altura constitucional. ¿Puede el Congreso de los Diputados controlar al rey emérito? Según el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, sí, porque los hechos son posteriores a su abdicación y, por lo tanto, ya no está protegido por la inviolabilidad. Si el PSOE se opone, hemos de entender que no lo hace por un criterio legal, sino por voluntad política: sencillamente no quiere propiciar el espectáculo que siempre acompaña a una investigación parlamentaria, o no le parece procedente la previsible humillación a la que se sometería al motor de la democracia.

Este cronista añade: si don Juan Carlos es ya un ciudadano particular con la única diferencia de que es aforado, no hay por qué someterlo a una serie de interrogatorios en los que no solo se buscaría la verdad, sino el deterioro de la Corona. Como ciudadano particular hizo lo que muchos otros: al saberse responsable de un fraude fiscal, hizo una regularización y pagó lo ocultado al fisco. De momento, pues, tiene todo el derecho a la presunción de inocencia que le negaría un juicio político. Vuelvo a Felipe González para decir que, si las tarjetas opacas están siendo investigadas por la Justicia, no es imprescindible que se haga en el Congreso. Nadie puede argumentar que la negativa sea apostar por la impunidad.

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