En políticas de ciencia e innovación hay caminos trillados, tal como los de la falta de financiación que, aún repetidos de año en año, no logran dar alivio ni impulso a la planificación y gestión de la ciencia. El análisis de indicadores económicos en el contexto europeo produce frustración, pero la consciencia sobre la ejecución del gasto abruma. ¿De qué sirve pintar en los presupuestos una cantidad si en la realidad pasmosa de los centros de investigación y universidades solo se recibe un 51 % de aquello pintado en presupuestos? O, ¿por qué en el 2009, con una financiación muy superior, se podía ejecutar hasta un 80 %? Es decir 30 puntos por encima de la ejecución del 2019.
Por ello que nuestra intensidad de gasto en I+D haya sido el 1,25 % de nuestro PIB, muy por debajo de la media europea del 2 %, explica solo una parte de nuestros problemas en ciencia. La inversión en España supone tan solo el 59 % de la media europea, con el añadido de que Grecia y Polonia y, desde luego, Portugal ya nos superan.
En el 2019 las empresas gastaron un 56 %, las universidades el 27 %, los centros de la administración pública el 17 %, y las instituciones sin ánimo de lucro un 0,3 % del gasto total en I+D. La aportación de fondos públicos supuso el 20 % del gasto en las empresas, y el 80 % y el 70 % en universidades y organismos públicos, respectivamente. Que la inversión empresarial alcance ya el 56 % del total puede indicar un crecimiento real o apenas constatar la fuerte caída de la inversión pública en la I+D.
Galicia supone el 4 % del gasto en I+D y el 4,7 % del personal del conjunto de España. Con un gasto por investigador de 93.000 euros/año, 15.000 menos que la media española y 25.000 menos que en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Y desde luego muy alejada de la Región Norte de Portugal, que con un gasto de 1,53 % del PIB, supera muy ampliamente el 0,94 % de Galicia, con una brecha en personal que se mantiene, con una diferencia de 7.000 personas menos que en el Norte portugués.
Para enmendar la reducción del gasto público en I+D el Gobierno plantea en su Pacto por la Ciencia y la Innovación aumentar la inversión pública -Gobierno central y comunidades autónomas- hasta que suponga el 1,25 % del PIB en el 2030. El nivel de inversión pública actual es del 0,52 %. Ese pacto por la ciencia atiende también otros problemas, como la gestión de algunos organismos de la Administración central, pero sin llegar a profundizar en sus alternativas. Entre ellos la articulación de la I+D con las comunidades autónomas, en un Estado complejo. O los lastres en los sistemas de gestión, que superan de año en año su ineficiencia, pero que fueron útiles para enflaquecer el gasto real en I+D sin que lo pareciera, logrando ahorrar -por falta de ejecución- la mitad de lo pintado. Es difícil de entender que, disponiendo de diagnósticos numerosos, no se hayan emprendido actuaciones para mejorar la eficiencia de nuestro sistema, atendiendo a lo hecho por algunas comunidades autónomas y obviamente algunos países europeos. Por no hablar solo del dinero.