Alcoa en la encrucijada

OPINIÓN

20 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Alcoa está atada de pies y manos por la Justicia española. La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le impide despedir a un solo empleado de la fábrica de aluminio de San Cibrao y también apagar las cubas de electrolisis. El corazón de la planta debe seguir latiendo y mientras lo haga hay esperanza. La sentencia que declara nulo el ERE es histórica y puede precipitar los acontecimientos. Todo depende de lo que esté dispuesta a arriesgar Alcoa. Dinero no le falta para soportar litigios judiciales, pero su prestigio está por los suelos. Los jueces le quitan la careta: todo fue un paripé de negociaciones. Como hace un año, cuando vendió las plantas de A Coruña y Avilés. Pero esos trabajadores no tuvieron la suerte de sus compañeros de San Cibrao. Alcoa hizo y deshizo a su antojo. Buscó un comprador y lo encontró en forma de fondo de inversión. ¿Qué se puede esperar de un inversor de ese tipo? Pues que te haga el trabajo (sucio) de cerrar las fábricas, pero dos años después de venderlas, para que así se extinga la responsabilidad de la compañía principal ante posibles demandas laborales. Tragaron los trabajadores -porque la alternativa eran los despidos, con jugosas indemnizaciones, eso sí, y el cierre-. Tragaron la Xunta y el Ministerio de Industria. A Coruña y Avilés se vendieron y se revendieron y ahora parecen enfilar sus últimos meses de vida -aunque el nuevo propietario se desgañite en proclamar todo lo contrario-.

 Si Galicia no hubiera vivido lo que vivió con el proceso de presunta salvación de las plantas de A Coruña y Avilés, San Cibrao estaría a punto de ser vendida a otro fondo de inversión y afrontaría dos años más inciertos.

La fábrica no está salvada, en absoluto. Pero ha ganado un tiempo de oro. Alcoa deberá sopesar ahora si merece la pena seguir ahondando en la herida que ha abierto de forma irremediable en Galicia y en España, o si es mejor irse por donde ha venido sin hacer más ruido. Puede encomendarse al Tribunal Supremo o puede entrar en razón y llamar por teléfono a la ministra de Industria: «Señora Maroto, la fábrica es suya».