Tal y como se esperaba, la justicia francesa ha dictado sentencia por los ataques contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío que se cobraron la vida de 12 personas e hirieron a varias más en enero del 2015. Tras más de tres meses y medio de juicio oral y varias interrupciones debido al coronavirus, las condenas han oscilado entre la cadena perpetua para Mohammed Belhoucine, 30 años para Hayat Boumedienne, viuda de unos autores materiales de los atentados, y Ali Riza Polat el único considerado responsable directo, y 5 años para otros de los acusados. De los 14 acusados y, ahora condenados, 11 estuvieron presentes en la vista oral mientras que otros tres, entre ellos Boumedienne y Belhouciene, este último presuntamente fallecido, fueron juzgados in absentia por encontrarse en busca y captura. Este proceso, calificado como histórico no solo por la complejidad del procedimiento y el volumen físico de la documentación, el número de testigos, abogados, etcétera, sino por ser el primer proceso judicial por un atentado yihadista en Francia, ha reabierto, por una parte, las heridas provocadas por la matanza y, por otra, el debate sobre la seguridad del país.
Una seguridad que se ha convertido en uno de los focos de mayor atención del presidente francés Macron hasta el punto de presentar un proyecto de ley «contra el separatismo y la radicalización» que no ha dejado a nadie indiferente. El líder galo afirmó la semana pasada, durante una visita a un suburbio de París, la Comuna de Les Mureaux, que hay un «islamismo radical que lleva a negar las leyes de la República». Para combatirlo y, ante el fracaso de todas las políticas anteriores, este proyecto de ley prioriza y refuerza la educación. Así, no solo se impone la escolarización obligatoria a partir de los 3 años, sino que acaba con el Programa de enseñanza de la lengua y cultura de origen o ELCO, que disfrutaban 80.000 alumnos gracias a los profesores llegados de los países nativos, y con el programa de formación de los imanes en el extranjero, además de revocar la figura de los guías religiosos. Volver a los «valores» de la República Francesa, entre los que se encuentra la laicidad y el respeto por los derechos humanos parecen ser el leit motiv de este proyecto que, como no podía ser de otra manera, ha irritado a personajes tan poco democráticos como Erdogan.