Para evitar el infinito bochorno que habría supuesto que uno de los partidos que forman parte del Gobierno hubiera forzado el debate de una enmienda a sus propios presupuestos, el PSOE aceptó a regañadientes aprobar un nuevo decreto antidesahucios a cambio de que Podemos, Bildu y ERC (que actúan como contrapeso frente a la parte anti-Iglesias del Consejo de Ministros) retiraran una propuesta de modificar las cuentas públicas que era, además, según los letrados de las Cortes, incoherente con la naturaleza de la ley presupuestaria. El PSOE y Podemos negocian ahora una norma cuya finalidad genera más consenso en la sociedad que los medios que al parecer se quieren disponer para alcanzarla.
Afortunadamente, y por profundas razones culturales, los españoles conservamos todavía en grandes dosis la empatía necesaria para entender sin esfuerzo alguno, y sentir incluso como propia, la tragedia que supone para una familia tener que abandonar, por no poder pagar la renta, la casa en la que vive de alquiler. Y más, si cabe, en una situación como la actual, en la que la devastación económica provocada por la pandemia del covid ha dejado a cientos de miles de personas sin los medios con los que venían subsistiendo: su empleo, un barcito o una pequeña empresa que, con frecuencia, daba trabajo a dos o tres personas.
La vivienda es mucho más que un espacio necesario para vivir: es, como el propio trabajo, un elemento indispensable para que las personas mantengamos nuestra autoestima y nuestra dignidad. Por tanto, nadie discutirá la bondad de un fin que todos compartimos: evitar que quien viene habitando legalmente una vivienda (lo que no es, desde luego, el caso de los okupas) se vea, en aplicación de la propia ley, obligado a abandonarla.
Otra cosa muy distinta es, sin embargo, que ese loable fin pueda alcanzarse, como parece que se pretende en el decreto que están negociando los dos partidos del Gobierno, mediante una injusta limitación de otros legítimos derechos personales, y, en concreto, del que tienen los propietarios de una vivienda a cobrar la renta que han pactado con quienes viven en una casa que les pertenece y a exigir judicialmente, en caso de impago, su abandono. Propietarios que en no pocas ocasiones, también golpeados por la crisis, pueden salir adelante con la renta que cobran por una vivienda que han logrado adquirir con gran esfuerzo.
El poder público no puede cargar sobre los hombros de las docenas de miles de pequeños arrendadores existentes en España, demonizándolos, el coste de una política pública destinada a evitar el desamparo de quienes no pueden seguir pagando la casa en la que habitan. Ha de ser el propio Gobierno de España, que decide impulsar la protección del derecho a la vivienda, el que asuma, si lo cree factible para las arcas públicas que debe administrar, el coste de sus propias decisiones. No hacerlo es caer en el peor populismo imaginable: el que convierte en culpables de un mal a quienes no lo han provocado en absoluto.