Cuando mañana, según se da ya por seguro, se aprueben en el Congreso las diferentes secciones del proyecto de ley de Presupuestos, arreciará un discurso que repetirán machaconamente los miembros del Gobierno, los informativos (¡es un decir!) de RTVE, los medios privados de comunicación afines al PSOE o a Podemos y los corifeos más fervorosos del manejo Frankenstein: dicho en dos palabras, el discurso de que la llegada de las cuentas públicas a buen puerto demostrará que el Ejecutivo ha conseguido al fin la estabilidad que hasta la fecha no tenía.
Pues bien: tal relato es sencillamente un cuento chino, una rotunda falsedad destinada a legitimar el vergonzoso cabildeo al que llevamos meses asistiendo. La estabilidad gubernativa, si es de verdad, nace de la investidura del presidente, al comprometerse una mayoría parlamentaria a sostener establemente al Ejecutivo durante la legislatura. Es verdad que ese pacto puede tener sus altibajos, sus momentos de debilidad y fortaleza, pero nada de ello es comparable, ni de lejos, a lo que ahora sucede en la política española.
En primer lugar porque la coalición entre el PSOE y Podemos funciona sobre la base del mutuo interés (como todas), pero también de la mutua deslealtad (como muy pocas). El PSOE intenta oscurecer a los ministros de Iglesias para darle a Podemos un golpe mortal que lo reduzca a la marginalidad en las próximas generales. El líder de Podemos, por su parte, se defiende como gato panza arriba, no deja a sus socios pasar una (y lo consigue) y ha logrado la gran victoria de imponer una entente disparatada con los independentistas y los ex terroristas, con la obvia intención de debilitar al PSOE por el centro-izquierda para alcanzar así un futuro reequilibrio entre las dos fuerzas coaligadas.
Pero ni es eso solo, ni lo más fundamental. Como el Gobierno está lejos de la mayoría parlamentaria, los apoyos puntuales del negocio Frankenstein han aprovechado una coyuntura de la que dependía el futuro del Gobierno para practicar un grosero cambalache partidista, sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, el indulto a los condenados del procés, la eliminación legal del castellano como lengua vehicular, la cesión al Gobierno vasco de un cuartel militar, una armonización fiscal al servicio de los intereses del nacionalismo catalán o la prórroga de la paralización de los desahucios, asuntos impropios de una rigurosa negociación presupuestaria al servicio de los intereses generales.
Un trapicheo, ese, al que seguirán otros tantos, cada vez más complicados, siempre que el Gobierno quiera ganar en el Parlamento. ERC y EH Bildu ya han anunciado que en adelante endurecerán sus exigencias, en esencia dirigidas a alcanzar su auténtico objetivo: las repúblicas vasca y catalana independientes. Puede que algunos le llamen a eso estabilidad gubernativa, pero el precio a pagar por tal adefesio político será poner el proyecto de España en almoneda, para que pujen contra él sus declarados enemigos.