Tras ímprobos esfuerzos para construir un sistema parlamentario demencial, al final los electores, con la ayuda alternativamente imprescindible durante años de los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE), lo hemos conseguido: las grandes decisiones políticas del Estado -entre ellas, las que se plasman en sus Presupuestos Generales- dependen ahora en España de partidos minoritarios, que en ocasiones compiten electoralmente no ya en una comunidad (PNV, ERC, BNG, Nueva Canarias, EH Bildu o Compromís) sino solo en una comunidad uniprovincial o una provincia (PRC o Teruel Existe).

Lo más sorprendente, y al mismo tiempo escandaloso, de esta forma de gobierno, que con el Ejecutivo socialpodemita ha llegado a lo que puede considerarse sin duda el no va más, es que ese conjunto de partidos, que controlan con sus votos en el Congreso la marcha del país en todo lo que depende del poder legislativo, son en buena parte independentistas a los que les «importa un comino la gobernabilidad de España», como proclamó en la cámara baja no hace mucho una diputada de ERC, o que van «a Madrid a tumbar definitivamente el régimen» político español, según lo expresó sin tapujos en el Parlamento vasco, aún hace menos, un diputado de EH Bildu.

Para que quede claro: el futuro de España depende hoy de un conjunto de fuerzas políticas que en el mejor de los casos son apoyadas por unos cientos de miles de votantes y en el peor por unas docenas de miles o unos miles, sus diputados y senadores van a las Cortes, que, según la Constitución, representan al pueblo español, a defender solo los exclusivos intereses de quienes los sostienen en sus respectivos territorios (regiones o provincias) y que en sus exponentes más significativos (ERC, el PNV y EH Bildu) tienen como objetivo acabar con la unidad del país para que sus comunidades se conviertan en Estados independientes. El nacionalismo vasco lo intentó con el llamado Plan Ibarretxe, primer paso hacia la secesión. Y el nacionalismo catalán llegó incluso a declarar la independencia mediante un proceso delictivo que acabó ante los tribunales de justicia.

Es normal, por eso, que muchos millones de ciudadanos contemplemos atónitos y con creciente irritación cómo quienes desprecian a España y a los españoles sean los mismos que deciden en última instancia sobre cómo van a educarse nuestros hijos, sobre si vamos a tener o no que apoquinar un nuevo impuesto al gasoil, o, lo que constituye ya el colmo de los colmos, sobre la modificación de los regímenes fiscales que con sus tributos propios fijan otras comunidades dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Para asombro de las autoridades regionales que obedecen las leyes, tal cosa negocia el PSOE con ERC, cuyos principales dirigentes están en prisión por sedición y malversación.

Sánchez es como aquellos galeotes que en Don Quijote de la Mancha contestan al de la triste figura, cuando este les pregunta a donde se dirigen, que ellos no van, pues los llevan a la fuerza.

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Sánchez: él no va, otros lo llevan