El ingreso mínimo vital, en la uci


Casi seis meses después de que se aprobara el real decreto ley que establece el ingreso mínimo vital podemos efectuar una primera radiografía sobre si la citada prestación cumple con el deseado objeto de «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas». En España, en el momento actual, 12,3 millones de personas (el 26,1 % de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El primer inciso a señalar es de cierta decepción causada sobre la ciudadanía, ya que parecía, en un momento inicial tal y como se había comentado ante los medios, que nos encontrábamos ante una renta básica universal sin condiciones.

El segundo es que en Galicia, hasta la fecha, tiene poca efectividad, ya que la RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) es incompatible con aquella. Lo que nos genera una clara discriminación con otras comunidades cuyas prestaciones autonómicas sí que permiten sumar ambas. Esta discriminación se podría corregir rápidamente con un cambio de la ley autonómica que, hasta la fecha, no se ha hecho.

El tercero es que, en la realidad práctica, la demora en la resolución de las solicitudes, la problemática de obtener la documentación necesaria y la dificultad para poder cumplimentar los requisitos exigidos sirven como un desincentivo para pedirla. En octubre de este año se habían estimado solo unas 136.000 solicitudes de casi un millón que se habían presentado.

Además, queda fuera de duda la insuficiencia de las cantidades reguladas para hacer frente a los elevados costes de la vida (varía entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función del número de convivientes y de sus características), tomando en cuenta el precio de los alquileres, energía, comida…

La medida recuerda la decepción sufrida tras la aprobación de la ley de dependencia, que afectaría al 9 % de la población española con exigencias de cuidados asumidos desde el ámbito familiar, principalmente por las mujeres, y cuyo objeto era que el Estado contribuyera a su sostenimiento. Ley que nació muerta por carecer de fondos suficientes y que se materializó en una tramitación eterna de los expedientes, con diferentes reformas que fueron provocando una rebaja paulatina de sus servicios.

Este tipo de prestaciones deben resolverse con suficientes fondos y con la máxima celeridad, ya que deben dar respuesta a estados de máxima necesidad.

Por Javier de Cominges Cáceres Abogado del área laboral de Vento A & A

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