El ingreso mínimo vital, en la uci

Javier de Cominges Cáceres EN LÍNEA

OPINIÓN

PACO RODRÍGUEZ

19 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Casi seis meses después de que se aprobara el real decreto ley que establece el ingreso mínimo vital podemos efectuar una primera radiografía sobre si la citada prestación cumple con el deseado objeto de «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas». En España, en el momento actual, 12,3 millones de personas (el 26,1 % de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

El primer inciso a señalar es de cierta decepción causada sobre la ciudadanía, ya que parecía, en un momento inicial tal y como se había comentado ante los medios, que nos encontrábamos ante una renta básica universal sin condiciones.

El segundo es que en Galicia, hasta la fecha, tiene poca efectividad, ya que la RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) es incompatible con aquella. Lo que nos genera una clara discriminación con otras comunidades cuyas prestaciones autonómicas sí que permiten sumar ambas. Esta discriminación se podría corregir rápidamente con un cambio de la ley autonómica que, hasta la fecha, no se ha hecho.