Si el primer estado de alarma no se hubiera dispuesto con una escenografía y un discurso militar y policial, y se hubiera hecho conocer la enfermedad, el sufrimiento, el abandono de los mayores y la muerte vivida, quizás en este octubre la situación no hubiera sido tan dramática.
A efectos de la pandemia y la enfermedad, el estado de alarma parece ser la vía constitucional para limitarnos nuestras libertades individuales. Esa, o la actuación caso a caso de la autoridad judicial, como en la Mariña lucense. O quizá no, como le sucedió a Urkullu en el País Vasco y a Ayuso en Madrid, donde su autoridad judicial no los respaldó.
A mí me parece bien discutir sobre nuestras leyes. Su constitucionalidad o quizás no. Su cogobernanza casi federal o tampoco. Su carácter autoritario, el de Pedro Sánchez, y antidemocrático, aprovechándose de que hay una pandemia y gobierna por decreto. O los reinos de taifas, reclamando su carácter despectivo para adjetivar a las comunidades autónomas. Y al hilo de ello santificar la recentralización de competencias, verbigracia sanidad o educación, como si ello llevara aparejado la eficacia de administraciones y gobiernos.
Porque de todo ello ha sucedido, y se le ha inculcado a la sociedad una gran desconfianza con esa desescalada rápida -a veces irresponsable-, apresurados todos por alcanzar la normalidad nueva. Recuerden la agotadora gestión para reabrir la enseñanza y sus condiciones, con acusaciones de irresponsabilidad al Gobierno del Estado por querer desarrollar un escenario de cogobernanza con las autonomías.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se dirigió al Gobierno en el Congreso: «Si delegan sus competencias, ¿para qué están? Váyanse y acabamos antes». Lo que nos obliga a un debate sobre un modelo de Estado eficaz para hacer frente a estas emergencias, debate sostenido en comparar medidas y actuaciones aplicadas en distintas autonomías, pero también para hacer frente a la gestión de unos fondos europeos por venir, donde nuestra propia historia dice que solo aprovechamos un euro de cada tres. Debate en el que ha tomado la palabra Felipe González: «El problema es que tenemos una crisis de gobernanza de un estado descentralizado». A lo que es necesario añadir la crisis de una muy deficiente administración y gestión públicas, y no solo en sanidad.
Una gobernanza instalada en la desconfianza y la inflexibilidad de las partes -los partidos políticos-, que ha impedido actuaciones coordinadas y eficaces contra el virus y nos ha llevado a una desbocada segunda oleada en la que ni el poder, de los gobiernos, ni la gloria, de los sabios, son capaces de determinar origen y soluciones. Solo describir la realidad. Una realidad que los ciudadanos sufren en su hartazgo, alimentado por la falta de confianza en sus gobernantes. A la espera de una votación en el Congreso donde, subastando meses, todos puedan encontrarse frente al virus. Porque en octubre ningún partido o gobierno puede ya fachendear frente a él.