En nombre de la igualdad, algunos se empeñan en despeñar el valor del esfuerzo, el mérito, el estudio o la entrega. En nombre de la igualdad, algunos, sin saberlo o sabiéndolo, se afanan en destruir la única igualdad que realmente es considerada en las sociedades desarrolladas: la de oportunidades. La ley educativa que propone la ministra Celaá es otro de los muchos dislates que acomete este Gobierno. Un editorial certero de este periódico cuestionaba el pasado jueves la reforma de la Justicia que ansía la coalición gubernamental. Terminaba con una frase categórica: «La población abandonada y la democracia zarandeada». Suscribo ese sintagma como epítome de la ley de educación futurible. No es justa. Y si en la Justicia se tambalean con la pretendida reforma los cimientos de la democracia, en el borrador de Celaá se tumba el único instrumento que tienen los de abajo para igualarse con los de arriba: la educación. Que se pretenda fomentar la igualdad cuando se puede pasar de curso con asignaturas suspensas es el resorte que impulsará exactamente lo contrario: la desigualdad, la carencia de estímulo para progresar, la nivelación a ras de suelo. Se iguala, cierto, pero por abajo. Seguir adelante con esta idea errónea acarreará gravísimas consecuencias en el futuro. El Gobierno debe rectificar. Mirar atrás, a la memoria histórica que tanto invocan, y mudar el curso de su propuesta educativa. Me explico: igualar a la baja ha sido una de las causas reales de la desaparición (casi total) de los estados socialistas (sensu stricto).
Afánense, pues, en uniformar los derechos y no los resultados. Porque los resultados no pueden ser los mismos para las personas que se esfuerzan, sean mozos o adultos, que para aquellos que hacen de la haraganería o indolencia sus modos de vivir. La educación propiciará que unos se sitúen en un modo en la vida en función de sus capacidades y dedicación, sean acaudalados o humildes, opulentos o desamparados. La educación, y tomo sin hipérbole el último adjetivo, es el verdadero amparo de los que no provienen de estirpe pudiente. Es la igualdad de derechos en la educación el gran bastión que sostiene una sociedad abierta, plural, tolerante, esencialmente justa y democrática.
La ley de Celaá sería una anécdota más de este Gobierno si no acarrease consecuencias funestas para los más desfavorecidos. Me cuesta creer que en su nombre, los desfavorecidos, pretendan que aprobar o suspender asignaturas sea una sola y misma cosa. Desconozco las razones reales que mueven esta ley. Solo les pido que en nombre de la igualdad no acaben con ella. Con la igualdad, precisamente.