El Gobierno se adueña del Estado


E l primer documento constitucional aprobado en Francia tras la Revolución fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo artículo 16 establecía con toda claridad que una sociedad donde no está asegurada la división de poderes y donde no están garantizados los derechos no tiene Constitución.

La española de 1978 sufre desde hace meses un ataque sistemático por parte del Gobierno, cuya podemización es más evidente cada día. El férreo control de la Fiscalía General del Estado, que desempeña una ex ministra; el acoso sistemático a la independencia del poder judicial por parte de varios miembros del Gobierno y especialmente de uno de sus vicepresidentes; la puesta en cuestión de la neutralidad del jefe del Estado y los ataques sistemáticos a la institución de la Corona; la reforma de una ley de la trascendencia del Código Penal a fin de conceder una amnistía fraudulenta, o la manipulación de RTVE hasta extremos nunca conocidos, todo ello pone de relieve con meridiana claridad una decidida voluntad gubernamental de hacerse con los resortes del Estado para colocarlos al servicio de un único objetivo: arramplar con todos los instrumentos de control del Gobierno y anular progresivamente el complejo sistema de equilibrios y contrapesos de poder propios de un sistema constitucional, con la finalidad de asegurar al Ejecutivo su continuidad. ¡España, capital Varsovia!

La escandalosa iniciativa del PSOE y de Podemos para anular la exigencia legal de una mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado para elegir a los miembros de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial solo puede situarse en esa senda de control del Estado por parte del Gobierno que define las inicuas pretensiones de este último. Y es que, como declaró en su día el Tribunal Constitucional, esos 3/5 son la garantía de que los elegidos no quedarán en manos del Gobierno: lo contrario es, precisamente, lo que aquel ahora tiene en mente.

Afirmar, como hacen con descaro los impulsores de la reforma, que ese es el único medio para acabar con el veto de las minorías supone un cinismo insoportable: con la reforma se elimina la necesidad de consensuar la elección de los consejeros con un partido que representa muchos millones de votantes para dejarla en manos de fuerzas no solo muy minoritarios (ERC, PNV, Ciudadanos, BNG, EH Bildu), con las que tendrá que contar un Gobierno que está lejos de la mayoría absoluta, sino además de fuerzas en su mayor parte antisistema, cuyo objetivo es acabar con la unidad del país y la Constitución que la asegura.

Pero eso no le importa nada a Pedro Sánchez y al PSOE que ha construido a imagen y semejanza de la única obsesión que lo domina: seguir en la Moncloa. Sí, seguir siendo presidente aunque para ello tenga que arrasar la balanza de poderes de nuestro Estado Constitucional y entregar el Gobierno atado de pies y manos a quienes se declaran abiertamente y sin rubor enemigos de todo lo mucho y bueno construido en España desde 1978 en adelante.

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