Cuando se anuncia esto y lo contrario -lo de no tocar aún los impuestos- se habla concretamente de subir o no dos puntos porcentuales la tarifa del IRPF a bases mayores de 130.000 euros y otros dos puntos más a las que superen 300.000 euros. Además, también se dice que se subirá el Impuesto sobre el Patrimonio en un punto a los patrimonios mayores de 10 millones de euros.
Empezando por esto último, son muchos los interrogantes que se plantean. En la situación actual, con la vigente Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, las mismas tienen capacidad normativa en este tributo sobre la determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones, por lo que una subida obligatoria en la tarifa requeriría modificar esa norma. En caso contrario, cada comunidad de régimen común -no digamos las forales, que tienen sus propios impuestos- debería aprobar la subida de ese punto en la tarifa y no establecer ninguna otra bonificación que desvirtúe la medida -actualmente Madrid, por ejemplo, tiene bonificado este impuesto al cien por cien-.
Por otra parte, el importe que se podría añadir a los 1.123 millones de euros que recauda este impuesto en territorio común -según cifras del 2018- podría alcanzar los 1.000 millones o algo más, si se eliminaran las bonificaciones -924 millones de euros- y calculando un incremento de recaudación de unos 134 millones por la subida del tipo marginal de manera obligatoria, del 2,5 al 3,5 %.
En cuanto a la subida del IRPF, de 2 y 4 puntos, se quedaría muy por debajo de la que se aplicó en el 2012, cuando se trató -con éxito, por cierto- de mantener los ingresos fiscales en un escenario de alarmante desaceleración. En aquella ocasión se estableció una tarifa complementaria en la que se subían los tipos aplicables a todos los tramos, desde un 0,75 % y 2 % en el primero y segundo, respectivamente, hasta un 7 % en el correspondiente a rentas superiores a 300.000 euros, alcanzándose, en las comunidades que mantuvieron su tarifa igual a la estatal, un marginal máximo del 52 %, llegándose en algunas al 56 %.
Con la subida de cuatro puntos, por ejemplo, el marginal máximo más elevado, que ahora es del 49,5 % en La Rioja, llegaría al 53,5 % en esa comunidad, y en Madrid sería el 47,5 %.
En cuanto al incremento de recaudación que esta subida podría proporcionar a las arcas públicas, el Gobierno lo cifró en 328 millones de euros, pudiéndose estimar que afectaría a unos 160.000 contribuyentes.
Desde luego, desde el punto de vista económico parece una obviedad decir que la política presupuestaria a aplicar en el escenario de crisis actual ha de ser de reducción de impuestos y de incremento del gasto, aunque es verdad que nos movemos en unos márgenes muy estrechos por nuestra posición de partida, que ya era de una deuda pública muy abultada -en el entorno del cien por cien del PIB-. Por lo tanto, como el incremento del gasto es inevitable -el Gobierno lo cifra en no menos del 10 % del que ya teníamos- y como la recaudación va a disminuir por la reducción del PIB, solo podemos aspirar a que los impuestos se mantengan en el nivel actual y, más adelante, cuando comience la recuperación, será el momento de plantearse la consolidación de las finanzas públicas con una reforma fiscal que ensanche las bases imponibles e incremente la recaudación de una manera sostenible.