En enero, en el transcurso del debate de investidura, Pablo Casado prometió combatir el Gobierno de coalición por tierra, mar y aire. En la calle y en los tribunales. Incluso anunció su primera batalla: denunciaría al «sociópata» Sánchez por prevaricación si no aplicaba de nuevo el 155 y destituía a Torra. Solo le faltó proclamar, emulando a aquel ministro que se apropió de la calle, que la justicia era suya.
No lo dijo, porque esas cosas se callan -solo afloran a raíz de algún desliz, como el de Cosidó-, pero lo pensaba. Y lo está demostrando, así como su férrea voluntad de seguir manteniendo el control. Por eso bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde son amplia mayoría los vocales nombrados por el PP. Sánchez ya tiene su Gobierno, plagado de comunistas y gente de baja ralea. ¿Por qué va él a renunciar a su predicamento en el gobierno de los jueces, el instrumento más eficaz para meter en vereda al felón y sus compinches?
Le daré una buena razón: por cuestión de legitimidad. El Gobierno de Sánchez salió de las urnas y de una mayoría parlamentaria. El gobierno de los jueces, avalado en su día por una mayoría reforzada del Congreso, tiene el carné caducado: está en funciones desde hace casi dos años. Y no se puede permanecer en funciones indefinidamente sin violentar la Constitución. Ni adoptar medidas de calado, más allá de la tramitación de asuntos ordinarios, porque no está en pleno uso de sus atribuciones. El titular del poder ejecutivo en funciones no puede nombrar o destituir a un ministro; el titular del poder judicial no debe, salvo torticera interpretación constitucional, nombrar magistrados del Supremo con carácter vitalicio.
Antes me referí al intento de controlar o influir en la justicia, pero el campo de batalla decisivo se reduce a una sola sala del Tribunal Supremo. A la Sala de lo Penal, la única competente para juzgar y meter en la cárcel a un diputado, un senador, un ministro o el mismísimo presidente del Gobierno. Trece magistrados designados por el Consejo General del Poder Judicial e intocables hasta su jubilación a los 72 años. En 1995 había entre ellos siete jueces progresistas y seis conservadores. Actualmente hay once conservadores y dos progresistas. Las etiquetas no reflejan, obviamente, su capacidad profesional. Solo indican el sesgo del Consejo General que los nombró y que los bloqueos del PP dieron fruto.
Ahí reside la madre del cordero. Son esos trece hombres quienes juzgarán las hipotéticas y aún no consumadas querellas de Casado contra Sánchez. Los que decidirán si el presidente del Gobierno cometió algún delito en la gestión de la pandemia. Los que sentenciarán, en última instancia, la operación Kitchen y otras corrupciones pasadas y futuras. Los únicos que, llegado el caso, condenarán o absolverán a los múltiples aforados que pueblan la política española.
Solo en ese contexto, que traslada la crispación política a los tribunales de lo penal, puede entenderse que la derecha se empecine en bloquear la renovación del gobierno de los jueces.