Funcionarios: la solución, no el problema
OPINIÓN
Uno de los tópicos que no hemos conseguido eliminar de nuestro país es el del funcionario al que no le gusta mucho trabajar e incapaz de resolver los problemas, confundiendo las normas anquilosadas de la Administración pública con aquellos que tienen la obligación de ejecutarlas. Vamos, el vuelva usted mañana que consagró Mariano José de Larra con su personaje, monsieur Sans-Deláis, o los funcionarios que Benito Pérez Galdós describe en Miau. La gente olvida que cuando decimos funcionarios estamos aludiendo a un colectivo muy amplio: unos 2.600.000 empleados públicos en toda España, de los que casi el 60 % trabaja en las comunidades autónomas, según datos de febrero del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. De ellos, aproximadamente 1.400.000 son funcionarios de carrera. Y funcionarios son los del Estado, de las autonomías y de las administraciones locales. Y son los profesores que enseñan en colegios y universidades a nuestros niños y jóvenes, y también los cuerpos de seguridad que nos protegen, y los sanitarios que cuidan de nuestra salud, a los que hemos aplaudido hasta no hace mucho desde ventanas y balcones. Y funcionarios somos los que trabajamos en los centros de investigación, muchos de los cuales están tratando de crear vacunas para combatir el covid-19.
Otro tópico que hay que combatir es el de que España tiene muchos funcionarios. No es verdad. España tiene aproximadamente un 16 % de funcionarios públicos, por debajo de la media de la OCDE del 18 %, y muy lejos de países como Noruega (30 %), Dinamarca (29 %), Suecia (29 %) y Finlandia (25 %). Nosotros estamos en el nivel de Italia, el Reino Unido o Alemania (si incluyera el sector sanitario). Y estas cifras han sufrido en los últimos años por la tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno de turno, y que ahora estamos sufriendo en el combate a la pandemia.
Por lo tanto, los funcionarios trabajan, son indispensables, y necesitamos más para cubrir adecuadamente muchos sectores. Pero, ¿qué pasa con los salarios? Hay varias falacias que se usan en estas medidas, porque si se cuenta la masa salarial no se tendría en cuenta el aumento o disminución de funcionarios. Según datos de Eurostat, los sueldos públicos en España en el 2017 fueron el 8,2 % del PIB, pero Finlandia, el más alto en Europa, emplea el 10 % de su PIB en salarios, y en Alemania, el más bajo, es el 5,7 % del PIB (sin sanitarios). España está en la mitad de la tabla. El Gobierno actual quiere ahora congelar el sueldo de los funcionarios y la ministra de Economía ha declarado que es aceptable porque el IPC está también prácticamente congelado. Pero se olvida que durante muchos años nuestros salarios estuvieron congelados, y que en el 2009 se decidió bajarlos (hasta el 15 % en algún caso), y así pasamos la crisis. Y cuando volvíamos a confiar en que, poco a poco, se pudiera recuperar la batalla perdida con el IPC, nos encontramos ante otra intención congeladora. Controlar el sueldo de los funcionarios es la medida fácil de Gobiernos que no piensan en el largo recorrido, que no son capaces de cambiar nuestro sistema económico basado en los servicios a otro basado en el conocimiento, nuestra única garantía de futuro como país.