La ley, los okupas y usted


¿Puede permitir un Estado de derecho que el propietario de la vivienda se encuentre desamparado ante una ocupación ilegal? No. Un Estado de derecho no puede permitir que el propietario de una casa, que seguramente haya tenido que pagar o todavía esté pagando una hipoteca, se sienta desamparado ante una ocupación ilegal de su vivienda, y que tarde meses o incluso años en recuperarla, mientras tiene que seguir pagando los gastos de la casa, y cuando la recupera, suele estar destrozada. 

Esto crea una sensación de impunidad para los asaltantes. Ellos saben que no les pasa prácticamente nada, que disponen de una vivienda durante años y que cuando sean desalojados, la sanción penal -una pequeña pena de multa- les compensa haber ocupado la casa durante ese tiempo, sin asumir ningún gasto.

Parece que el Estado puede estar fallando en proteger a los propietarios y quizás deberíamos de seguir el ejemplo de países como Francia, Alemania Reino Unido, que tienen una legislación que ampara más al propietario, con penas de prisión para los que la ocupan ilegalmente y con mecanismos para proceder al desalojo inmediato.

Por tanto parece que este problema de la ocupación frente al que nos encontramos requiere una modificación de la legislación actual, que corresponde al Gobierno de la nación y a las Cortes Generales.

La Constitución española establece en su artículo 18, que el domicilio es inviolable y en su artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada.

El Código penal en su artículo 245.2, sanciona la ocupación, sin autorización debida, de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyen morada, o se mantuvieren contra la voluntad de su morador, con una pena de multa de tres a seis meses.

Aquí esta el quid de la cuestión, esa pena de multa, hace que se tramite como delito leve (es decir las antiguas faltas), y que impide que haya mecanismos realmente efectivos para permitir el desalojo y la recuperación de la vivienda por su titular.

La solución puede venir porque se tipifique como un delito de allanamiento de morada, que está recogido en su artículo 202, y que castiga al particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma, contra la voluntad de su morador, con la pena de seis meses de prisión a dos años. O que se siga manteniendo como delito de usurpación, con unas penas de prisión similares. Además, se puede acordar que se tramite como delito rápido, como ocurre por ejemplo en los de seguridad vial. Ello permitiría que en un plazo de 24 horas o de una semana pueda estar resuelto el problema y en el caso de que el juicio no pudiera celebrarse en ese tiempo, que se establezca la medida cautelar de reintegrar al propietario la vivienda.

Este sería un mecanismo que podría acabar con las mafias que se dedican a ocupar viviendas, porque han visto el negocio que existe.

Por Luis Anguita Juega Fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña

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