Alcoa: la hora de la verdad


Ha ocurrido. La Xunta y el Ministerio de Industria son una piña. Alcoa ha conseguido lo que parecía casi imposible. Que las Administraciones central y autonómica se olviden durante un rato de que están en manos de partidos diferentes, y rivales. Al fin están del mismo lado. Firmes frente a una decisión empresarial que conllevaría la desaparición de un sector estratégico, el de la fabricación de aluminio primario, amén de la pérdida de cientos de puestos de trabajo en Galicia: 534 directos, para ser exactos, y varios cientos de empresas auxiliares. Esa firmeza quizá haya tenido bastante que ver con que Alcoa haya dado su brazo a torcer. Porque lo que empezó como una decisión tajante de cerrar la última fábrica de aluminio de España, situada en San Cibrao (Cervo), y con una cerrazón a buscar una alternativa, se ha convertido, de momento, en un vamos a negociar la venta a otra empresa. Pero, no nos engañemos, Alcoa no va vender la planta así como así. Xunta y Gobierno central deben seguir atentos a esas negociaciones con el grupo Liberty, porque la multinacional estadounidense seguramente no se lo pondrá fácil a un posible competidor en el negocio mundial del aluminio. El trato debe ser justo, si es que eso es posible.

Pero esto no va solo de la decisión de dos compañías. Va también de hacer política industrial, de defender un sector estratégico. Y ahí, además de vigilar esas conversaciones para la venta, es donde pueden hacer más tanto la Xunta como el Ministerio de Industria. No solo dando subvenciones, que tampoco resuelven problemas a largo plazo. Sino tejiendo un marco regulatorio estable y predecible sobre el precio de la electricidad, como hacen en otros países. Este problema también recae sobre el Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de la política energética de este país, de decidir qué y cuánto pagan los consumidores en el recibo de la luz. Nadie debe ponerse de perfil.

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