Que nadie se quede atrás. Esta fue la consigna preferida del Gobierno cuando la crisis sanitaria empezó a ser una pavorosa crisis económica. Y esta es la consigna preferida por Pedro Sánchez para tratar de mejorar la intención de voto de su partido en Galicia y el País Vasco, al tiempo que defiende su política en la vuelta a la «nueva normalidad». No se podía esperar otro eslogan de un Gobierno de izquierdas, sobre todo después de los deterioros sociales de la crisis anterior, y hay que decir que hasta ahora la política del Ejecutivo se orientó en esa dirección: todas las medidas estuvieron pensadas a proteger a los más débiles, desde la aplicación de los ERTE, aunque hayan sido incorporados a la legislación por el Partido Popular, a la creación del ingreso mínimo vital, que el señor Sánchez trata de convertir en la gran bandera progresista de su Gobierno, como han podido comprobar los seguidores de sus mítines electorales.
Ahora bien: los resultados distan mucho de las intenciones. Cáritas reveló que el número de solicitantes de sus servicios sociales se ha incrementado en un 77 por ciento. Una comunidad próspera como Baleares tiene a la mitad de la población en riesgo de pobreza, seguramente como consecuencia del derrumbe turístico, gran industria, casi monocultivo de las islas. Una oenegé ha publicado que otras 700.000 personas se han situado en el umbral de la pobreza desde que empezó la pandemia. Los pronósticos del Banco de España prevén un aumento del paro hasta el 20 por ciento de la población activa. Y las fotografías y reportajes de comedores sociales y bancos de alimentos indican que hay mucha gente que ya se ha quedado atrás, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno.
Es que la crisis corre más que las medidas correctoras. Es que multitud de ciudadanos no han podido resistir el retraso en el cobro de los ERTE. Es que esos ciudadanos y sus familias, si tienen dificultades para llegar a fin de mes, mucho peor será la situación si tienen que pasar un mes sin ingresos, como ya ha ocurrido. Y estas son realidades que se desprenden de los desperfectos y la capacidad destructora de la pandemia. Al Estado le faltan medios y recursos, es evidente; pero también le falta información de quiénes son y dónde están las ya multitudes que no se pueden quedar atrás.
Ahora el señor Sánchez considera que esto se puede resolver con la subida de impuestos que ha empezado a llamar «justicia fiscal». Pero eso, ay, supone una reforma legislativa que tiene un trámite, porque los impuestos no se pueden implantar por decreto. ¿Llegará a tiempo para socorrer a los nuevos necesitados? ¿Y un aumento impositivo ayudará de verdad a mover la economía y crear puestos de trabajo? Hay quien lo niega. Mucho me temo que habrá que esperar mucho tiempo para conseguir que nadie se quede atrás. Sobre todo, cuando su número no deja de crecer.