No es técnicamente una sentencia, pero es equivalente: la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo. Respira el Gobierno, porque es la primera decisión judicial sobre responsabilidades administrativas por la autorización de la manifestación del 8 de marzo, que para muchos fue el gran foco de contagio del coronavirus. Es, por tanto, una decisión relevante. Pensemos que ante el Tribunal Supremo hay presentadas medio centenar de denuncias y querellas. Y pueden ser centenares las presentadas en el conjunto de España.
La señora Rodríguez Medel no es una jueza que se deje impresionar por las presiones. Sabe cuál es su obligación y la Fiscalía y la Abogacía del Estado han chocado contra ella: le pidieron con contundencia y máxima publicidad que archivase el caso antes de escuchar al delegado del Gobierno, porque no veían materia para seguir instruyendo. Lo hicieron con tanta intensidad, que no parecían querer llegar a la verdad judicial, sino evitar el paseíllo del delegado ante el edificio de los juzgados y en medio de cámaras y micrófonos. Ella no cedió, aunque pareciese una obstinación o que tenía dictada una sentencia condenatoria por adelantado. Escuchó al señor Franco Pardo y solo después de escucharlo archivó la causa: no encontró materia para procesarle.
Técnicamente, la decisión es irreprochable: la jueza cumplió con su deber, no vio indicios de delito y asunto cerrado. Socialmente, queda la duda de si alguien por encima del delegado -¿Salvador Illa? ¿Fernando Simón? ¿El propio presidente?- debería ser llevado al banquillo, porque, efectivamente, había indicios bastantes de los riesgos de la manifestación y el Gobierno los conocía. Tendremos que convivir con esa duda durante mucho tiempo. Y políticamente, es, como digo, un respiro para el Ejecutivo, aunque le queden muchos juzgados que visitar. Prueba superada. Si hay algo que reprocharle, y claro que lo hay, que lo haga la oposición en el lugar adecuado, que es el Parlamento. Pero con datos y pruebas, porque la bronca sin más resulta estéril.
El otro respiro del Gobierno procede de la opinión pública. La empresa Metroscopia que dirige José Juan Toharia hizo un estudio y dio este resultado, sorprendente para quienes hemos criticado la gestión de la crisis: consideran negativa esa gestión los votantes conservadores y positiva los votantes de alguno de los partidos que forman la coalición. La sorpresa es que los ciudadanos más críticos disculpan al gobierno porque, a su juicio, carecía de medios adecuados para hacer frente al Covid. Es decir, que no hubo desidia ni falta de atención, sino pobreza de recursos. En consecuencia, termina el análisis de Toharia, el gobierno ve reafirmado el apoyo de sus votantes. Ya ven: la propaganda política, bien manejada, produce efectos milagrosos.