Empiezan los trámites parlamentarios para sacar adelante el proyecto de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia que ha aprobado el Gobierno.
Tras tantas salvajadas de todo tipo que desgraciadamente se cometen a diario sobre niños y adolescentes, resulta una ley imprescindible y que ya debería existir desde hace mucho tiempo.
De todos los puntos que recogerá esta norma legal me quedo con tres:
1.- El aumento del plazo de prescripción, que empezará a contarse desde los 30 años y no desde los 18, lo que proporcionará años de madurez a la víctima para que denuncie a su agresor.
2.- La obligatoriedad de progenitores, familiares y miembros de colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con menores de poner en conocimiento de la autoridad situaciones de cualquier tipo de violencia sobre niños o adolescentes. Esto último es muy importante, ya que buena parte de estos delitos se cometen por personas del entorno más cercano del menor, por lo que en numerosas ocasiones se ocultaban debido al escandaloso argumento de evitar comportamientos vergonzosos dentro de la familia.
3.- La persecución de manera contundente de los delitos cometidos a través de Internet como la incitación al suicidio, infracciones de ámbito sexual o la promoción de trastornos alimentarios. Este tercer punto, en los tiempos que corren, ha adquirido una importancia que no deja lugar a dudas.
A mi entender, esta ley puede hacer mucho por proteger a una infancia, en la situación actual, cada día más vulnerable.